Ayer miércoles se cumplió uno de los plazos cruciales señalados por el calendario electoral de cara a las elecciones primarias de enero. Las diferentes fuerzas políticas interesadas en terciar en los comicios han presentado sus libros de registro de militantes que serán sometidos a revisión por parte del Tribunal Supremo Electoral.

En ese marco, el presidente Evo Morales fue el encargado de entregar al tribunal el registro de más de un millón de militantes del Movimiento Al Socialismo, reafirmando así no sólo la solidez sino la fuerza contundente del instrumento político que en los últimos 12 años ha transformado Bolivia.

“Hoy entregamos al Órgano Electoral nuestros libros con 1.080.000 militantes inscritos del MAS-IPSP, que es el movimiento político más grande de nuestra historia. Agradezco a todos nuestros dirigentes de organizaciones sociales y militantes”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Fue un día intenso para las fuerzas políticas que apostaron por el juego democrático y se preparan para vivir las inéditas elecciones primarias en las que deberán elegir a los binomios de Presidente y Vicepresidente, que serán parte de la contienda electoral de octubre de 2019. 

Si bien los partidos políticos gozan de una personería jurídica que los habilitará para ser parte de las primarias de enero, en las últimas semanas se ha pretendido desvirtuar la labor del Tribunal Supremo Electoral  (TSE) y poner en cuestión todo lo que hasta aquí llevó a cabo este órgano encargado de administrar los comicios.

Alguno de los viejos aspirantes a la presidencia se animó a decir que las renuncias que  se dieron en el TSE abrían la puerta a una “crisis de Estado”, en claro —como desesperado— llamado desestabilizador del sistema democrático. Tal aseveración, sin embargo, parece ser la culminación de una serie de acciones de hecho promovidas desde sectores de la derecha para estigmatizar, coaccionar y, de últimas, provocar de manera abierta a los vocales del TSE. El objetivo: inhabilitar al árbitro y desatar la incertidumbre política para acusar de ello al Gobierno. 

Resquebrajar las instituciones, restarles legitimidad y mostrarlas como subordinadas y sumisas es parte de la estrategia de quienes hablan de democracia, pero en el fondo saben que tienen escasas posibilidades en ella y que no les queda otra vía que la conspiración.