Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 25 de octubre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Ha sido extraordinariamente grave la decisión asumida por la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral Katia Uriona de renunciar de manera irrevocable al cargo que ocupaba. La decisión de Uriona se suma a la de José Luis Exeni, por lo que la sala plena de esa entidad, que toma las decisiones de manera colectiva, tiene ahora cinco de sus siete miembros.
Mientras la renuncia de Exeni, por razones de salud, fue una noticia que preocupó pero no de manera grave, pues aún quedaban en el pleno del Tribunal figuras de trayectoria respetable como Uriona, Dunia Sandoval y Antonio Costas, la renuncia de la presidenta genera honda preocupación en la sociedad boliviana. Con Exeni fuera del TSE, el voto de los otros seis vocales quedó empatado entre los tres “institucionalistas” (la propia Uriona, además de Costas y Sandoval) y los tres “afines al MAS”, que son Eugenia Choque, Idelfonso Mamani y Lucy Cruz.
Esa situación causaba un estancamiento en las decisiones del TSE, pero por lo menos no le daba mayoría al oficialismo. Ese empate ha sido roto con el abandono de Uriona, dándole preeminencia al bloque cercano al oficialismo.
Uriona prometió proteger la democracia. Aunque hubiera sido elegida por la mayoría del MAS, como lo fueron otros cinco (una, Lucy Cruz, fue designada por el Presidente), Uriona gozaba de prestigio y de respeto de la ciudadanía. La entrega del resultado del 21F, afirmando que la opción Sí había perdido, la consolidó en el cargo. También es verdad que muchos analistas y autoridades opositoras la criticaron fuerte e injustamente, creyendo sin mucha reflexión que ella distorsionaría la ley a favor del MAS. Hay que decir que ese también fue un error.
Este diario, por el contrario, ha opinado que los vocales del TSE, o por lo menos varios de ellos, son personas honorables y ha respaldado el trabajo de esa institución. Pero ahora nos toca afirmar que Uriona se ha equivocado. Ha dejado a la entidad crucial del sistema democrático en manos del Gobierno y esto es un precedente lamentable para la democracia.
Las razones de su abandono son, además, febles: dice que lo hace porque existe un estancamiento en las decisiones de la sala plena. En todo caso aquello no parece una razón para renunciar a tan altas responsabilidades en un momento tan delicado, peor aún si su decisión pondrá a la entidad bajo tutela del oficialismo.
¿O sea que renunció para que ya no haya estancamiento y que, de una vez, el MAS controle la sala plena Esto es, insistimos, preocupante, y pone al país ante impensables consecuencias. Ahora que, por primera vez en casi 13 años el Gobierno puede perder unos comicios, el TSE estará bajo control gubernamental.
Ante esta situación no han faltado voces en la oposición que hablan de suspender las elecciones primarias, pero el Gobierno tomó la iniciativa y anunció un proyecto de ley para completar las acefalías dejadas por la presidenta y el vicepresidente del TSE para garantizar el “desempeño institucional del Órgano Electoral”.
Todo esto sucede en un momento crucial: el próximo 8 de diciembre el TSE deberá aceptar o rechazar una nueva candidatura del presidente Evo Morales, impedido por el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, pero avalado por un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia que resolvió autorizar esta nueva postulación.
Se puede, por tanto, inferir que las acciones del Gobierno serán rápidas y efectivas, a fin de que esté garantizada la mayoría oficialista que valide una nueva candidatura de Morales.
Un lamentable precedente: el Tribunal era, hasta ahora, la única entidad estatal relativamente independiente. La criticable renuncia de Uriona ha logrado que eso se acabe. Aunque se puede adivinar la dureza de las presiones a las que estaba expuesta, Uriona le ha hecho un flaco favor a la democracia al no haber podido encarar estas difíciles circunstancias. Tanto Exeni como Uriona dejan el peor de los escenarios para el Órgano Electoral: la sumisión al poder político.