Consiguientemente, el concepto de ciudadanía no es una categoría en “desuso” frente a la insurgencia del ser humano, llano y simple, como piensan algunas personas del ámbito político actual. Me permito decir, por tanto, que la ciudadanía nunca dejará de ser la dimensión que permite ejercer, con dignidad y derechos, la condición humana. Ergo, nunca podrá perder vigencia.

Hablar de ciudadanía en América Latina después de la institucionalización de regímenes políticos de corte democrático; que lograron derrumbar apuestas autoritarias, por ejemplo, no es poca cosa pues se está hablando de una situación que llega de un proceso de construcción política y social que ha buscado resolver, a través de mecanismos participativos y democráticos, las cuestiones propias de la sobrevivencia humana, ejerciendo el derecho político.

El problema ahora es observar la calidad y profundización de los regímenes democráticos que han sobrevivido a los regímenes dictatoriales para no reeditar, desde la democracia, espacios intolerantes con un discurso que mira al ser humano, pero, despojado de ciudadanía. En esta línea, lo que se pone en riesgo no es solo la ciudadanía sino la integralidad del ser humano.

Si partimos asumiendo que la ciudadanía es la reivindicación y reconocimiento de derechos y deberes de las personas frente al poder; no tenemos que tener miedo a decir que somos ciudadanos sobre todo cuando interpelamos al poder para evitar que este sea restrictivo de los derechos y acciones de las personas, sin necesidad de llegar a la anarquía inoperante.  Por tanto, la exigencia es que la interpelación tenga sentido y no sea solamente una gestión de consignas sino el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales contundentes.

Lo que sí debe cambiar, entonces, no es el concepto de ciudadanía con sus posibilidades de redefinición en función del contexto, sino y fundamentalmente, las formas de conquistar esa ciudadanía. Hoy en día, por ejemplo, lo ciudadano, a diferencia de ayer, no puede sino estar integrado a temas de género o a lo tecnológico que redibuja el acceso a los derechos como la información, la educación y/o la salud. Sin embargo, esto no relega, no debe relegar, el ejercicio de derechos ciudadanos.

Consiguientemente, podemos hablar de viejos y nuevos ámbitos de ciudadanía, pero no podemos llegar al exceso de decir que es una categoría en desuso. No podemos hacerlo sobre todo en países como Bolivia donde el acceso a las libertades y derechos irrenunciables no ha alcanzado aun su mayoría de edad. Es un trabajo apenas en construcción y que de ninguna manera podría morir o ser negada a título de “modernidad conceptual”.

En este contexto, el desafío de los actores políticos es monumental y no podría decir, en este momento, si ellos están a la altura de este desafío. La reciente renuncia irrevocable de Katia Uriona, al cargo de vocal y a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que se encuentra preocupada por la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), es un tema que inquieta pues está hablando, en el fondo, del ejercicio de derechos ciudadanos que estarían siendo vulnerados. Hay sin duda una crisis de la política y de su relacionamiento con lo ciudadano que amerita debate, serio, más allá de las consignas.