La astuta movida del MAS de promulgar la amañada Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que obliga a presentarse a elecciones primarias a los binomios que aspiren a postularse para los principales cargos de elección popular en 2019 y con un apretado calendario establecido para que en enero se realicen esas elecciones intrapartidarias, ha electoralizado tempranamente el panorama político del país.

Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo y ciudadano en ejercicio

En esta nota me quiero referir a cierto estupor con el que una parte de la opinión pública ha recibido los anuncios de candidaturas presidenciales, sabiendo de la obcecación del oficialismo con un candidato “imposible”, en la adecuada expresión de Carlos Hugo Molina, que amenaza al conjunto del sistema democrático.

Como no se puede ser presidenciable sin haber pasado por las primarias han resucitado siglas y candidatos. Algunos han anunciado que dejan para más adelante las negociaciones de alianzas y eventual unidad (posible) de la oposición. Siempre habrá la posibilidad desde la ciudadanía de concentrar el voto por la mejor opción.

Lo importante aquí es saber que es el calendario emanado de la aprobación de la LOP la que ha dado lugar a este proceso inédito en nuestras décadas de democracia. El MAS necesitaba con urgencia entrar a fase electoral intentando por esta vía habilitar en los hechos a su vetado binomio. A esto hay que añadir que los políticos, los que nos pueden gustar o no tanto, no quieren estar fuera de juego, y por ello buscan habilitarse como presidenciables para estar con mejores posibilidades de negociación. Aunque haya una obligatoriedad de ser candidatos luego de las primarias según establece la propia LOP (Art. 29, xii).

En este contexto, es un error ver en las plataformas ciudadanas que se han sumado pioneramente a una de las candidaturas, la que promete gobierno de ciudadanos, una claudicación con el 21F.

Al igual que la Comisión de Venecia, y antes los ciudadanos con sentido común que saben que votamos en febrero del 2016 como ejercicio soberano, el Tribunal Constitucional del Perú ha ratificado que no hay derecho humano a la reelección. Por ello, mientras el intento de vulneración de esa decisión soberana siga vigente de lo que ahora se trata es de ganarle también en el campo electoral a un régimen, que ha ido copando todos los otros poderes -que debieran ser salvaguardas institucionales-, para evitar su perpetuación.

Hay todavía algún recurso del plano institucional para evitar esa inconstitucional candidatura, y aun operando éste no bastará que se cambie a los abanderados, pues se trata de derrotar al régimen de más notoria vocación autoritaria y depredadora de nuestra historia moderna.

Por esto, apostar a un remate electoral, con fuertes controles ciudadanos, que son parte de nuestra tradición y jurisprudencia, es integral a la misma estrategia de validación del 21F: que la democracia boliviana sea.