Con la presidencia descabezada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya no puede ocultar que atraviesa una crisis que no se traduce simplemente en números.

Y es que la crisis no se refiere simplemente a su quórum. Partiendo de la Constitución Política del Estado —que establece el número de vocales en el parágrafo II del artículo 206— y pasando por las leyes especiales sobre la materia, se sabe que el TSE debe estar conformado por siete integrantes. Hasta la fecha renunciaron dos así que quedan cinco, suficientes para seguir tomando decisiones válidas.

Pero, repetimos, no es cuestión de guarismos. A la fecha, el máximo organismo electoral del país está descabezado porque, de inicio, renunció su vicepresidente, José Luis Exeni, y ayer se conoció que la presidenta, Katya Uriona, tomó el mismo rumbo.

Cuando presentó su carta de dimisión, Exeni se esforzó por aclarar que su alejamiento no tenía que ver con los temas delicados que estaba discutiendo el TSE. Dijo que su decisión se debía “exclusivamente a una delicada y crítica circunstancia de salud”. Como lo que ocurría en la sala plena era prácticamente de dominio popular, pocos les creyeron.

Sin embargo, mientras el renunciante se encaminaba a un “largo tratamiento médico”, las habas se pasaban de cocidas en el tribunal porque a la resistida y cuestionada promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas se sumaba la discusión por su reglamento. De paso, otra decisión dudosa del TSE había agitado todavía más la marea: la negación de la personalidad jurídica a Sol.bo, la agrupación del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

El rechazo era poco menos que creíble por una razón: antes de Sol.bo, pequeñas organizaciones políticas obtuvieron su personería sin problemas pese a que son prácticamente desconocidas y, por eso mismo, era muy difícil que obtengan la cantidad mínima de firmas para ser reconocidas por el TSE. El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), por ejemplo, presentó 120.014 partidas válidas y recibió su personería el 7 de marzo de 2018.

Sol.bo es una agrupación ciudadana reconocida como tal el 27 de noviembre de 2014 pero solo para desarrollar su actividad política en el Departamento de La Paz. Con el fin de convertirse en una organización de carácter nacional, presentó más de 130.000 firmas pero el Tribunal Supremo Electoral le negó su pedido. En ese momento, incluso el ahora candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda, Carlos Mesa, repudió el accionar del TSE por considerar que lo que hacía era evitar que un líder con alta votación en la sede de gobierno, como es Revilla, se convierta en otro candidato presidencial.

El debate subió todavía más de temperatura cuando se discutió el reglamento a la Ley de Organizaciones Políticas porque los informes extraoficiales daban cuenta que el MAS, que aprobó y promulgó esa norma en tiempo récord, presionaba al tribunal para que la viabilice con el claro propósito de habilitar nuevamente como candidato al presidente Evo Morales.

Lo que se supo, entonces, es que la presidenta, Uriona, expresaba disidencia con uno y otro tema. De entonces a hoy pasa más de un mes y se hizo oficial su renuncia. “La Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia, razón por la cual debo presentar mi renuncia”, dice una parte de su carta.

Es obvio que el TSE está sometido a presiones y lo más probable es que ceda a ellas.