Ante el actual panorama político, y de cara a las primarias, proceso concebido por el partido gobernante con fines utilitarios y como medio para mitigar su fracaso, el pueblo manifiesta diversos posicionamientos, muchos de los cuales se sitúan en una especie de exigencia unifrentista y oposición política monolítica. Otros consideran que se enfrenta a un electoralismo apresurado y vertiginoso, cuyos resultados favorecerán al continuismo. Ambas preocupaciones, y otras más que puedan esgrimirse, son válidas y respetables. Sin embargo, es preciso puntualizar que dentro de un Estado democrático de derecho, que se ansía, ellas no tienen asidero, puesto que el sistema que se trata de reconstruir se halla cimentado fundamentalmente en el disenso, la libertad y la confrontación de ideas y principios. 

La unidad dentro la pluralidad y la diversidad es el lema central de la ansiada construcción de un régimen que respete las libertades ciudadanas. Bajada, como esta, la bandera electoral, no resta otra opción que asumir y enfrentar la contienda electoral, primero para la nominación de candidatos y luego para la toma del poder. 

En cuanto a la primera fase, las diferentes facciones y organizaciones políticas opositoras han asumido una posición firme en lo que se refiere a legalidad: respetar la Constitución Política del Estado y, consecuentemente a ello, dar plena validez al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y exigir al Órgano Supremo Electoral que se manifieste sobre tal hecho fundacional. 

Las jornadas vividas para conmemorar los años de democracia y exigir la no repostulación de los actuales gobernantes son una demostración evidente de tal consenso. Por otra parte, las acciones tomadas por los posibles o evidentes candidatos han coincidido plenamente en asumir postulados de unidad, no exclusivamente electoral, sino fundamentalmente de ejercicio del poder basado en la legalidad, así como la inclusión plena del pueblo. 

Toda esa tarea se trata, en consecuencia, de la construcción de un nuevo Gobierno popular, no de un sector privilegiado en razón de etnia, social o de militancia partidaria. Tales hechos ya conllevan una verdadera intención de unidad, lo cual es notablemente destacable; como también lo es la intención de nuclear los diversos actores en torno a ciertos líderes destacados. Lo contrario significaría la perpetuación de caudillos irrenovables y sus cohortes de seguidores incondicionales. 

Si comparamos la conducta de la oposición con la actividad desplegada por sectores oficialistas y órganos del Gobierno, la diferencia es abismal entre una y otra, no solo en cuanto a legitimidad y legalidad de sus propósitos, sino también por acciones que se realizan contra los oponentes, las que de modo sistemático se ejercen por todas las instancias oficiales, en las que no están exentos hechos de violencia que limitan el ejercicio de libertades fundamentales y, como tal, constituyen no solo delitos electorales. 

Consiguientemente, el máximo organismo electoral está en la obligación de investigarlos y sancionarlos, cuando no el Ministerio Público, peor aún si tales delitos se realizan bajo el argumento de autonomías territoriales, lo que implica desconocer la condición de Estado unitario y una proclamación de territorios libres.