La información fue proporcionada por el abogado Nelson La Madrid quien señaló, que cuando se creyó que el Gobierno había entendido el rechazo de las comunidades indígenas al proyecto hidroeléctrico que se estima inundará a 59 mil hectáreas, el TCP envió una notificación solicitando que las comunidades mencionadas presenten su personería jurídica. Según el jurista, el TCP no solo que pidió la personería jurídica a las comunidades indígenas, lo cual es un hecho violatorio a sus derechos humanos, sino que también, avisó que una comisión antropológica y sociológica se trasladará a las comunidades para levantar un informe. "El exigir a los pueblos indígenas presentar su personería jurídica vulnera la Constitución Política del Estado, la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos y el Convenio 169 de la OIT”, señaló el jurista./ANF