El hecho que mencionamos, se produjo en circunstancias en que un ciudadano abría libro de inscripciones correspondiente al partido político del FRI, en la zona del Chapare, donde el partido oficial ejerce absoluto control. Pero, dirigentes del oficialismo impidieron esta labor bajo el pretexto de que no se permitiría el ingreso, o campaña política alguna que beneficie al partido opositor. A este atropello, debe añadirse la declaración que hicieron en estos días, nada menos que dos representantes nacionales (Huaraya y Choque) para advertir “que en las provincias paceñas y algunas zonas de El Alto tampoco se permitirá la actividad política de los opositores ligadas al neoliberalismo y la represión en “octubre negro”. Por su parte, el Ejecutivo de la Confederación de Campesinos, señaló que no garantizará la seguridad de los opositores que ingresen a territorio donde las organizaciones apoyen al MAS”. (sic).

Tales actitudes corresponden propiamente a una forma típica de intolerancia (práctica fascista) que se da en una contienda política emergente de una campaña electoral que ya se vislumbra en el país y que, por ello mismo, debería caracterizarse por el respeto y la tolerancia al adversario y erradicar las prácticas totalitarias de imposición y de sometimiento al contendor. Esto podrá lograrse en alguna medida cuando actúen las autoridades públicas, aun de oficio, para evitar actos de intolerancia que desvirtúen el carácter democrático que debe tener todo proceso electoral.

Es con este criterio que hemos mencionado el art. 13 de la CPE, que emplaza a las autoridades a proteger y defender los derechos del ciudadano. Desde luego que hay otras normas constitucionales que dan mayor fuerza y eficacia a este objetivo, como los arts. 14.I y 26, teniendo al Estado como el mayor responsable que debe asumir la protección de los derechos de la persona, en este caso de los derechos políticos. De no ser así se habrá dado vía libre a la intolerancia política y al favorecimiento a las posiciones del oficialismo que tienden a limitar tales derechos con ese afán antidemocrático de mantenerse en el poder y cerrar todo camino a la alternabilidad que ha elegido el pueblo boliviano.