En la última década de la historia democrática del país se ha vivido una apertura a la participación de las mujeres en espacios públicos y de poder, fundamentalmente mediante la paridad democrática en las asambleas legislativas a todos los niveles de gobierno. En espacios políticos se logró el 50% de participación de las mujeres, que actualmente ejercen cargos de diputadas, senadoras, asambleístas departamentales y concejalas.

Sin embargo, aún falta bastante para alcanzar la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el Órgano Ejecutivo y otras esferas de la vida. Las estructuras patriarcales siguen siendo la traba para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

En cuanto al marco normativo, los avances más importantes fueron el establecimiento de la paridad y alternancia para la participación política incluidas en la Ley del Régimen Electoral, la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género y la Ley integral contra la Violencia.

Si bien existen avances en el ámbito educativo, aún está pendiente el reducir los índices elevados de violencia y el acceso a servicios de salud, especialmente relacionados a los derechos sexuales y reproductivos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el grado de instrucción alcanzado por mujeres mayores de 19 años en formación superior es de 26,61% frente al 28,65% de los hombres. Sin embargo, las mujeres continúan siendo inducidas a estudiar carreras de servicio, como enfermería y trabajo social, y, al contrario, tienen limitada presencia en ingenierías, aviación y otras especialidades tradicionalmente “masculinas”.

Según el Ministerio Público, en lo que va del año se registraron 85 feminicidios y 18.576 casos de violencia familiar en todo el país. Lastimosamente estos datos fueron proporcionados justamente en el Día de la Mujer Boliviana, que impidieron considerarlo como un motivo de celebración.

Otras áreas que permiten analizar la evolución de los derechos y superar la desigualdad entre hombres y mujeres son los derechos sexuales y reproductivos, y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito productivo. En el ámbito de la salud se mantienen altos índices de mortalidad materna a causa del cáncer, problemas con los embarazos no deseados y abortos clandestinos, que son la tercera causa de muerte de las mujeres.

En cuanto a los derechos económicos, en el empleo, las mujeres continúan percibiendo menores salarios que los hombres, sobre todo en el área rural y el 70% de las mujeres continúan trabajando en el sector informal, a pesar de que representan el 49% de la población económicamente activa.

Por otro lado, el trabajo no remunerado, como el de los cuidados y el trabajo doméstico en el hogar, sigue recayendo en su mayoría exclusivamente en las mujeres. Esta injusta y desigual distribución de la carga de trabajo impide a las mujeres acceder a mejores empleos, ingresos, capacitación, recreación, descansos y tiempo.

La economía del cuidado, aunque es un trabajo de creación de riqueza y sostenibilidad de la vida, no es asumida como responsabilidad de todos y todas: Estado, instituciones y empresas públicas y privadas, restando a las mujeres la posibilidad de empoderarse económicamente, y reducir la pobreza de toda la población en su conjunto.

Elizabeth Salguero C. es comunicadora social.