Después de 15 años de la masacre de Octubre Negro, la justicia norteamericana liberó de culpa al autor intelectual de ésta: Gonzalo Sánchez de Lozada. El vicepresidente era, en ese entonces, Carlos Mesa.

Sabemos que incursionó en política por primera vez en 2002, y con el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), presentándose como ‘independiente’. El MNR ganó las elecciones por estrecho margen, lo cual lo obligó a hacer una alianza con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), a la que luego se sumó Nueva Fuerza Republicana, del exmilitar Manfred Reyes Villa.

Este efímero gobierno profundizó las diferencias sociales, económicas y regionales, y continuó con la política entreguista de los recursos naturales. Pero sobre todo profundizó el sistema económico neoliberal queriendo implementar un impuestazo, con efecto negativo sobre los más desposeídos. Este acto terminó con 33 muertos en La Paz. Y Carlos Mesa, vicepresidente, el que no tenía, según sus propias palabras, valor de matar, no renunció.

Pero lo cierto es que el descontento social provocado por esas políticas del binomio gobernante causó una serie de movilizaciones populares: enero, febrero, septiembre y octubre de 2003, que culminaron con la llamada ‘guerra del gas’, la renuncia y huida del presidente Sánchez de Lozada y la posterior investidura de Carlos Mesa Gisbert como sucesor constitucional, el 17 de octubre de 2003.

El 20 de septiembre de 2003, la niña Marlene, de apenas ocho años, ya había sido alcanzada por una bala disparada por el Ejército en Warisata. En 2018, sus padres, Eloy Rojas y Etelvina Ramos fueron a declarar a EEUU contra los autores intelectuales del genocidio: Gonzalo Sánchez de Lozada, su gobierno y la complicidad de Carlos de Mesa, quien no fue a declarar (con esto de alguna manera contribuyó a que Goni saliera exonerado).

El 10 de octubre de 2003, los vecinos alteños bloquearon la salida de combustible desde la planta de YPFB de Senkata hasta La Paz y el gobierno ordenó a los militares disparar, hecho que causó las primeras bajas en Ventilla. Así comenzaba Octubre Negro, por la decisión dictatorial de exportar gas a EEUU a precio regalado y por un puerto chileno. Esta propuesta contó con el apoyo de varios medios de comunicación afines al régimen:  Unitel, de Oswaldo Monasterios, senador por el MNR y uno de los firmantes de la capitalización; radio Panamericana y su columnista Humberto Vacaflor; Eduardo Pérez, de radio Fides, quien en plena masacre sacó una encuesta mentirosa de que Goni tenía el apoyo del 68% de la población. Pérez conminaba además al Gobierno a vender ‘las joyas de la abuelita’ (es decir, las reservas de gas) para consolidar el poder de las petroleras y ponerle el candado a cualquier nacionalización de los hidrocarburos.

Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa apoyan a Goni argumentando que no pueden dejar que el país naufrague en el caos, pero advierten que las palabras están de más, es hora de actuar: es decir, reprimir y matar (Pulso, 17-10-03).

El día martes 14 de octubre, y cuando la estadística sangrienta sumaba 60 muertos y cientos de heridos en El Alto y La Paz, Carlos Mesa renuncia al gobierno y no al cargo; es decir, casi la totalidad de las víctimas mortales. Al alejarse de manera tardía del Gobierno, Mesa es cómplice del genocidio. El vasto operativo militar, con tanquetas y ametralladoras de grueso calibre, conocido como La Caravana de la Muerte, estaba comandado por el exministro y mano derecha de Goni, Carlos Sánchez Berzaín. El pueblo sólo pedía tres cosas: la abrogación de la Ley de Hidrocarburos, referéndum sobre la exportación del gas (no por Chile ni para Chile) y Asamblea Constituyente.

Todos estos pedidos fueron denegados por Carlos Mesa: en realidad, la Ley de Hidrocarburos la abrogó Hormando Vaca Diez, ya que Mesa llevó a cabo un referéndum, que no respetó, y tampoco cristalizó la Asamblea Constituyente a cargo de un funesto personaje de Mesa, Ricardo Paz Ballivián (Fulmine), y tampoco rindió cuentas de los 21 millones recibidos para realizarla, suma de la que nunca rindió cuentas. Así traicionaba la Agenda de Octubre.

Su apego a la embajada norteamericana en La Paz se hizo evidente en 2003, cuando  hizo de mensajero del embajador David Greenle, siendo vicepresidente. En esa oportunidad, Carlos Mesa le entregó un informe a Filemón Escóbar, en el que la embajada demostraba que Evo Morales era golpista, quien, junto a Antonio Peredo, había decidido que el golpe contra el gobierno democrático de Gonzalo Sánchez de Lozada “lo darán en abril de 2003”. En otras palabras, Mesa estaba tendiéndole una trampa a Evo Morales para desprestigiarlo políticamente, e incluso  atentar contra su vida. Tal es el traidor Carlos Mesa. Y al parecer le dio resultado. En medio de la balacera contra los alteños, él estaba negociando con David Greenle la sucesión presidencial y obedeciendo sus instrucciones en sentido que Washington no aceptaba ni reconocería a un gobierno surgido de las calles. Greenle le ordenó marcar distancia con el Gobierno y al mismo tiempo con la protesta social, y Mesa obedeció.

El principio del fin del desgobierno de Mesa

Mesa se negó a ‘tocar‘ la nacionalización, la Ley de Hidrocarburos, que fue sustancialmente modificada en el Parlamento, en especial en el Senado. Y cinco días después de que los diputados la convalidaran, Mesa anunció el 10 de mayo de 2005 que no pensaba promulgar una ley “que sirve de instrumento para dividir a Bolivia”; en otras palabras, ya estaba ganando tiempo para traicionar al pueblo otra vez. Incluso prometió justicia a los alteños por los muertos de la masacre y pidió que lo “echaran a patadas” si no cumplía sus promesas. Pero en marzo comenzaron las protestas contra su gobierno, en La Paz, El Alto y Santa Cruz, con manifestaciones callejeras y bloqueo de carreteras, crisis que hizo que Mesa en un mensaje a la nación presentara su renuncia el 6 de marzo de 2005, que no fue aceptada por el Congreso.

Después de que tercamente se negara a promulgar la Ley de Hidrocarburos, en la que incluso le aseguraban que era posible subir los impuestos a las petroleras de un 18% a un 50%, el 16 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) comenzó una huelga general indefinida en reclamo de la nacionalización del gas y el petróleo; los militantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto marcharon al centro de La Paz, con la misma exigencia. Finalmente, el 6 de junio presentó su renuncia indeclinable, que sería la última, y luego de haber preferido obedecer a Washington que al pueblo boliviano.

Todas sus dubitaciones y cambios de decisión lo hacen un sujeto extremadamente taimado y pusilánime, incapaz, para bien o para mal, de tomar una decisión a favor de las clases populares. Con todo, no puede soslayar su responsabilidad de genocida, por omisión, como su apoyo incondicional a las políticas enajenadoras del gonismo. Ha sido uno de los promotores del conflicto, y en su momento ha guardado cómplice silencio en su presidencia heredada.

*Es Lic. en Humanidades e investigador en temas históricos, sociales y políticos; miembro de la Comunidad de Investigadores Anti-imperialistas.