Esta determinación, fue el principal pronunciamiento del Encuentro de Autoridades Originarias de Territorios Afectados por la Minería en Tierras Altas, que se desarrolló el 19 y 20 de octubre en el auditorio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

La actividad fue desarrollada por el Centro Ecológico de pueblos Andinos (CEPA), en coordinación con Broederlijk Denle, Catapa y la Red Pio XII.

Entre otra de las conclusiones importantes, destaca exigir la protección y conservación de zonas de recarga hídrica y cabeceras de cuenca, además se pide a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), no otorgue nuevas concesiones mineras en Territorios Indígenas Originarios Campesinos. 

También, el documento hace referencia al cumplimiento de la consulta previa, para que las comunidades ejerzan su derecho, ya que en muchas ocasiones se omite este resultado y se permite el asentamiento minero a pesar del no acuerdo de los pueblos originarios.

En tanto, el represente del CEPA, Limbert Sánchez, indicó que el objetivo del evento fue abordar el tema de agua y contaminación minera, desde la visión de las autoridades originarias de poblaciones afectadas de Potosí, La Paz y Oruro.

Aseveró que la aprobación de la ley de aguas es importante para delimitar el uso de este líquido elemento, tomando en cuenta que la anterior normativa data de 1906.

Explicó que se trabajó en mesas con diferentes temáticas, por ejemplo, también se abordó el tema de la salud y de qué forma afectan los minerales pesados.

Agregó que un comunario de Cuzco Péru, expuso su experiencia porque el consumió agua que contenían metales pesados, durante gran parte de su vida, y ahora tiene problemas de salud.