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Medio: Jornada
Fecha de la publicación: viernes 19 de octubre de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Empero, en lugar de enriquecerse y prosperar, parecería que los principios democráticos han involucionado en algunos sectores políticos. Es más, se puede decir que algunos recursos democráticos se han estancado y otros han retrocedido frente al acoso de las tendencias irrespetuosas de las libertades ciudadanas. Frente a esta realidad, se debe defender la institucionalidad.
La humanidad ha logrado cimentar la tolerancia a las ideas ajenas tras duras experiencias de oscurantismo, y ahora la comprensión se ha convertido en base para abrir cauces de entendimiento en cualquier escenario. En algunas tendencias se frenó la evolución democrática, poniendo en riesgo las libertades fundamentales, hasta el extremo de coartar el derecho a disentir, sembrando semillas de confrontación y provocación que pueden alcanzar desenlaces fatales.
Son muchas las señales y muestras de intolerancia, imposición y autoritarismo que enarbolan algunas organizaciones sociales y grupos políticos. En ese escenario de confrontación, amenazas y acciones de hecho, es posible cualquier desenlace, especialmente cuando de por medio está el poder político que incita a imponer una forma de sentir y actuar a todos. Cualquier discrepancia o disidencia es atacada.
En esas condiciones es muy fácil pasar de la discrepancia al odio.
Felizmente, poco a poco, en todo el planeta se está derrotando a las tendencias absolutistas contrarias a la evolución de las sociedades. Los pueblos se han adaptado paulatinamente a profundos cambios hasta casi perfeccionar la convivencia pacífica, admitiendo que en el núcleo social exista diversidad de opiniones y posiciones. La modernidad ha permitido abrir al ser humano amplios horizontes de conocimiento, tolerancia a las ideas ajenas, y ha llegado a comprender mejor la naturaleza humana.
Confiemos que en Bolivia se avance en la consolidación del respeto al Estado de Derecho y la defensa de las garantías y las libertades ciudadanas, en el marco del seguimiento al precepto que manda a los gobernantes a “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados” en la Constitución Política del Estado.