El 10 de octubre de 1982, hace 36 años, el país recuperó la democracia, después de una larga dictadura militar de casi dos décadas. En aquel tiempo no había movimientos sociales ni plataformas ciudadanas que ahora se constituyen en abanderadas de la democracia, en un contexto político dividido entre oficialismo, oposición y una ciudadanía que se encuentra alerta de lo que viene hacia adelante en las elecciones de octubre de 2019.

Precisamente el 10 de octubre pasado, las autoridades de gobierno, los militantes del Movimiento Al Socialismo, los movimientos sociales afines al partido en función de gobierno, se volcaron a las calles en defensa de la democracia. Incluso el presidente Morales se animó a decir que “en todos los departamentos ganaron por goleada a la derecha boliviana racista y fascista”. Una visión por demás extrema y oportunista. Las plataformas ciudadanas, ese día, también salieron a las calles en defensa del 21F y del respeto de la democracia, pero no en afán de medir fuerzas con el oficialismo.

Si se trata de una postura coherente y sincera en la defensa de la democracia, –de cara al país– están obligados a respetar la Constitución Política del Estado, que en el artículo 168 dice con claridad que "el periodo del mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua”. No hay dónde perderse.

Si, además, quieren fortalecer la democracia, es coherente que respeten los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016, donde más de la mitad de los bolivianos dijo que no se modifique la Constitución para habilitar a las autoridades de gobierno a una nueva (cuarta) reelección. El 51% voto por el No, y el 49% por el Sí, una diferencia de 138.357 votos, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. El mismo vicepresidente, días antes al referéndum señaló que respetarían los resultados así sea con un voto de diferencia.

El intento de habilitar al presidente y vicepresidente como candidatos por el MAS en las elecciones generales de octubre de 2019, es una afrenta a la democracia, aunque salgan a las calles en su defensa. Buscar triquiñuelas jurídicas como la sentencia del Tribunal Constitucional, que unas semanas antes de terminar sus funciones, habilitó la postulación de ambos candidatos a título de la defensa de los derechos humanos, sobre la base de acuerdos internacionales, no es nada más que otra transgresión de las normas, sabiendo que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para atribuirse decisiones que van en contra de voto soberano que dijo No en el referéndum.

Señalar que no se ha modificado el artículo 168 de la Constitución es otra trampa política que los seguidores del oficialismo quieren hacer creer a la opinión pública nacional y que, más bien, han encontrado otras salidas, que, de todas maneras, buscan imponer intereses personales y caprichos de grupos, para “eternizarse” en el gobierno y seguir usufructuando del poder, en detrimento de una ciudadanía que quiere la renovación de las autoridades gubernamentales,

Es de esperar que el partido en función de gobierno, participe de las elecciones con otros candidatos que no sean los mismos, dando paso a la sucesión como ocurre por tradición en los pueblos originarios del país. Urge un cambio de actitudes en los líderes políticos del MAS, que tienen que asumir con sensatez, la defensa de la democracia que ahora dicen defender en las calles con tanta vitalidad.