Hace nueve años, cuando al promediar 2009 en Bolivia se iniciaba el primer proceso electoral posterior al ascenso al poder de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, hubo un asunto que encendió las señales de alerta entre quienes ya entonces veían con preocupación el futuro de la democracia boliviana. Fueron las amenazas provenientes de dirigentes sindicales y de los “sectores sociales” afines al MAS que, desde diferentes puntos del país, anunciaron su decisión de impedir que los partidos de la oposición hagan proselitismo o abran casas de campaña en “su” territorio.

Casi 10 años han transcurrido desde entonces y el tema vuelve a marcar el inicio de la campaña electoral que debe conducirnos a la elección de los sucesores de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Y ,como entonces, el tema tiende a ser soslayado sin que se le dé la importancia que merece.

En efecto, excepto una que otra expresión de protesta de alguna de las organizaciones políticas que se aprestan a participar en la próxima contienda electoral, el asunto no ha merecido la atención de quienes tienen en sus manos la conducción y supervisión del proceso electoral. Nos referimos, claro está, al Tribunal Supremo Electoral que ha optado por soslayar el tema ante lo difícil que sería afrontarlo en las circunstancias actuales.

Resulta más cómodo, por lo visto, no atribuir a las amenazas vertidas más importancia que la que merecen los frecuentes exabruptos de dirigentes afines a las fuerzas oficialistas. Como si de una falta aislada y menor se tratara.

Grave error el que se comete, pues no son voces aisladas ni desorientadas las que pretenden “hacer respetar” una especie de territorios independientes. Lejos de ello, hay motivos para temer que se trata de un plan de acción concebido y ejecutado como uno de los principales pilares de un proyecto encaminado a consolidar el control hegemónico, si no monopólico, del poder político. El modelo venezolano y su réplica nicaragüense son dos ejemplos de lo que eso significa.

La aplicaciòn de esa fórmula en Bolivia no es nueva. Por el contrario, aunque su aplicación se hace más visible en periodos electorales, tiene ya 12 años de plena vigencia. Tanto, que en gran parte del territorio nacional está ya plenamente consolidada una red de “control social” mediante la cual se recurre a todo tipo de métodos coercitivos para coartar la libertad de acción política de quienes no se someten a los “pactos de unidad”.

Con esos antecedentes, bueno sería que al tema se le dé la importancia que merece. Que el TSE no eluda su obligación de hacer prevalecer su autoridad.