Una autoridad que goza del monopolio del poder declaró que la democracia “no está en riesgo”, optimista afirmación que, por su carácter abstracto, se la lleva el viento y, en realidad, el uso de términos abstractos conduce al error.

En realidad, desde un punto de vista neutral, la situación de la democracia en Bolivia no solo está en riesgo de periclitar, sino sufre por una serie de agudos embates que los medios de comunicación y la opinión pública observan a diario.

La democracia es una de las formas de poder que se caracteriza por la subordinación de la minoría a la mayoría y por el reconocimiento a la libertad y la igualdad, así como a la proclama de Derechos Humanos, en sentido de que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, en la ciencia oficial esa caracterización no se da más allá de atribuirle esos rasgos formales y es vista al margen de las condiciones económicas y sociales de la vida de la sociedad y del estado real de las cosas.

En efecto, se trata, en primer lugar, de desconocer el principio fundamental de la subordinación de la minoría a la mayoría, como se da en el caso del desconocimiento al resultado del referéndum del 21F, intento que trata de anular la voluntad de la mayoría, ignorar una norma universal y hacer escarnio no solo de un principio, sino echar por la borda un hecho imposible de ignorar, como fue lo sucedido en las ánforas de votación en 2016.

Otro principio de la democracia es el reconocimiento a la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Pero esas condiciones no solo están en riesgo, sino que son violadas, con actitudes como desconocer la libertad de prensa, derechos individuales, y otros, atentados que a veces son encubiertos por procedimientos velados y la máscara de practicar la democracia.

La democracia feudal y colonial pareciera haber retornado. No se permite la democracia moderna, que es una etapa históricamente progresista en el desarrollo de la sociedad. La democracia populista desconoce la Constitución, controla el Parlamento y otras instituciones representativas, amenaza la libertad de prensa y opinión, restringe bajo la presión de la fuerza del Estado el respeto al voto popular y aun las libertades políticas formales, etc. Finalmente, nada hay que garantice la vigencia de los derechos políticos proclamados, procedimiento que hace peligrar la democracia y sirve para encubrir designios oscuros de la política de la clase dominante.