Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 05 de diciembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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La marea de votos blancos y nulos representa a una compacta mayoría ciudadana que expresa sin complejos, con plena autonomía, su repudio a la reiteración de una mala comedia y al régimen que la ha montado para controlar y concentrar el poder. Negar su carácter político es tan falso como suponer que pueda considerarse base de votantes de alguna de las fuerzas opositoras.
Contenido
En riesgo de extinción
Lo urgente, lo importante, lo indispensable
martes, 05 de diciembre de 2017 · 00:07
La marea de votos blancos y nulos representa a una compacta mayoría ciudadana que expresa sin complejos, con plena autonomía, su repudio a la reiteración de una mala comedia y al régimen que la ha montado para controlar y concentrar el poder. Negar su carácter político es tan falso como suponer que pueda considerarse base de votantes de alguna de las fuerzas opositoras.
Estos resultados, aunados al oficialista desconocimiento de la
Constitución, confinan al Gobierno boliviano al grupo compuesto por
Ortega y Maduro y, dos años antes de las elecciones nacionales, exhiben
como el MAS, a fuerza de manipular y tratar de imponer su candidatura la
está reduciendo a andrajos.
La vigorosa expresión ciudadana del domingo 3 de diciembre precisa de
respuestas que incentiven una creciente participación, sin la cual no
será posible alcanzarlas.
Porque esta elección ha sido tan antidemocrática, que ignora y
desprecia la voz de dos terceras partes del electorado, es tan urgente
como importante asumir el compromiso de que ningún candidato, a
cualquier puesto electivo, sea proclamado ganador, ni menos ejerza el
cargo si los votos que obtiene son menores a la suma de nulos y blancos:
desde el cargo más modesto a la representación más encumbrada.
El ejercicio democrático más elemental y el respeto a la voluntad
soberana impone esta regla que tacha automáticamente por falta de
rotunda legitimidad a las nuevas marionetas que se aprestan a sustituir
a las que, investidas hace seis años, se despiden con el acto más
ilegal, ilegítimo y antidemocrático que es haberse arrogado una posición
por encima de la Constitución.
La arrogancia de los gobernantes al celebrar el aberrante fallo del 28
de noviembre no esconde el espanto que experimentan ante la cuestión
planteada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, cuando ha
señalado la necesidad de que el TCP se pronuncie sobre la obligatoriedad
de cumplir el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.
La sentencia del TCP ha violentado a la Constitución, pero no tiene
forma, legal y legítima de anular el referendo; es por ello que el
oficialismo intenta sepultar esta cuestión, que permite atisbar que
medios de difusión y especialistas se apresuraron en interpretar que el
fallo abría automática e irreversiblemente las puertas a la inscripción
de la candidatura de Morales Ayma.
Por simple principio de primacía de la soberanía popular y el
consecuente deber de bloquear disposiciones que la desconozcan,
cualquier magistrado -incluyendo los del TSE- puede y debe apegarse a la
primacía que impone la voluntad popular soberana, sin otro requisito,
ceremonia o derecho que el que otorga su juramento de hacer respetar la
Carta Magna y las leyes.
Esta tarea tiene prioridad absoluta y entraña la obligación de
establecer que los actos de lesa Constitución y que deliberadamente
agreden y desconocen la soberanía popular deben ser sancionados con la
pérdida del derecho a ejercer cargos públicos.
La reparación de daños y la prevención de nuevas acciones contra la
libertad, la soberanía popular, y los atropellos cometidos contra la
Constitución son pasos imprescindibles, pero no sustituyen a las tareas
de fondo que hoy bloquea la acción antidemocrática, vertical y
autoritaria del régimen.
Desde un inicio, la recuperación de la libertad, el pleno ejercicio de
los derechos y libertades, la irrestricta vigencia de la Constitución y
el respeto de la soberanía popular, requiere acompañarse de una
propuesta programática que supere la mediocre plataforma de ajustes
fiscales, reformas propatronales y librecambistas que caracteriza a las
demandas de los principales partidos opositores.
El reto planteado en época de cambio climático, inminencia de desastres ambientales y escasez de fuentes de vida (oxígeno, agua, biodiversidad) consiste en superar la ruta desarrollista, de colonización y destrucción que ensayamos, con variantes estatistas y liberales, desde el plan Bohan, para construir una economía y un futuro que rescate las fuentes de vida (trivial y equivocadamente llamados recursos renovables), la creatividad, el conocimiento y la innovación como bases de la transformación.
No basta impugnar la reelección perpetua, sino su programa de endeudamiento, devastación y dependencia.
Si quienes tratan de representar la resistencia al régimen reducen sus
acciones y propuestas, únicamente a restablecer la vigencia de la
formalidad legal, los resultados, a la larga, serán tanto o más
frustrantes que los que nos deja la autodenominada revolución cultural
democrática.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
