Resulta inaceptable que en un país supuestamente democrático haya dirigen-tes sociales que se atribuyen el derecho de prohibir la inscripción de ciudadanos o ciudadanas en un determinado partido político. El caso más patético ha sido el del Trópico de Cochabamba, donde se impidió violentamente que se llenara un registro de militantes del FRI; y no se trata de un par de masistas alocados que cometieron el atropello, sin que éste fue respaldado nada menos que por Gerardo García (años atrás un dirigente respetado y equilibrado del MAS), y también por el dirigente Loza (no tan respetado y equilibrado). Pero además hemos visto con sorpresa la noticia de que supuestamente el CONALCAM tiene “autoridad” para impedir la inscripción de ciudadanos en tal o cual partido… ¿Autoridad por encima de la Constitución?

Afortunadamente tanto el Viceministro de Régimen Interior como el Defensor del Pueblo han afirmado lo contrario, que hay que respetar la libertad de la ciudadanía y mantener la paz. Pero parece que no es suficiente, y que la tentación autoritaria y antidemocrática sigue predominando en muchos lugares. Y por supuesto cabe hacer la misma crítica a Don Felipe Quispe, que ha informado muy satisfecho que en Achacachi no se ha permitido el registro de nuevos militantes del MAS…

¿Dónde estamos y a dónde apuntamos, compañeros dirigentes de uno y otro bando? ¿No era que vivíamos en un país democrático y que siempre ha apostado por la paz social? ¿Tiene sentido polarizar y sectarizar a la sociedad boliviana? ¿Tendrá sentido hacer esfuerzos para que la situación de Bolivia se vaya asemejando a la de Venezuela, a la de Nicaragua, a la de Brasil? ¿Quién gana con la polarización de nuestra sociedad, con que la diversidad de posiciones políticas —base de la democracia— se convierta en antagonismo cargado de odio e intransigencia?

Claro que con el irrespeto al Referéndum del 2016 ya se puso en marcha un proceso —peligroso— de polarización, pero nadie gana nada con incremen¬tarla. Y la sorprendente rapidez con que de pronto está resucitando el difunto FRI (incluyendo la incorporación al mismo de no pocos masistas), ha sido ya una advertencia de que algo está por reventar en nuestra sociedad. Y debería¬mos preocuparnos de recuperar la paz y tranquilidad, y en ningún caso de agravar las tensiones y de generar odios.

Pero además esas actitudes autoritarias y excluyentes expresan temor y debilidad —en lugar de optimismo y fuerza—, y promueven resentimientos y bronca. ¿Qué se gana con que una persona no esté registrada en el libro de tal o cual partido? ¿Acaso por eso no va a votar, y probablemente votar con más rabia?

La Constitución establece la absoluta igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, y uno de esos derechos es la militancia partidaria (en cualquier partido o agrupación) y por supuesto también la no militancia partidaria (para quienes ya estamos decepcionados de la figura partido). ¿Cómo se justifica entonces la idea de imponer a funcionarios públicos su registro en un partido (sea el que fuere)?

Es urgente que recuperemos la capacidad de respetar a quienes piensan diferente, que recuperemos la sensatez y la tranquilidad; que repasemos la historia y recordemos que las actitudes violentas e intimidatorias nunca han producido efectos positivos. Si no hacemos ese esfuerzo compartido las próximas elecciones pueden llevarnos a algo parecido a una guerra civil (que a nadie le conviene), y por supuesto al descrédito internacional. Por favor, recuperemos la tranquilidad. Jina kachun!