Como si lo anterior fuera poco, un voto resolutivo emitido en Shinahota prohíbe expresamente hacer política a todos los partidos que no sean el MAS. La Central Unida de Cocaleros de esa población conminó al Comité Cívico y a los sindicatos de transporte que operan, con impedir su actividad y expulsarlos por su “actitud funesta” de no apoyar al candidato oficial.

En realidad, el país viene observando una larga y ya antigua serie de actos totalitarios como el referido, demasiado visibles en camino al partido único, por tanto excluyentes del pluralismo político. Apenas se hizo pública la aceptación de Carlos Mesa de candidatear frente a la posible postulación del presidente Evo Morales, contra el primero se ha desatado toda clase de descalificaciones. Algo más, el secretario General de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi -actuando en función oficialista-, declaró a la prensa que no dejará gobernar a Mesa si fuera elegido y que obstacularizará su mandato.

Por su parte el presidente Morales, mientras desfilaba el día 10 pasado, advirtió que los movimientos sociales no han llegado al poder como inquilinos, sino para ejercerlo siempre. Se trata de una frase suya recurrente, prácticamente desde el primer día de su asunción del mando, hace 12 años. Esta amenaza contra el sistema democrático está en realidad en plena ejecución. Morales se propone postular por cuarta vez consecutiva y su horizonte es un “derecho” indefinido.

Notificaciones como éstas ponen en duda el estado democrático que se dice vigente en el país. Si ese pensamiento es asumido por el oficialismo, las elecciones se reducen a una mera expectativa ficticia. En tales circunstancias sería más franco y categórico declarar la dictadura y dejar de utilizar la democracia como telón de fondo, para fines de exportación. Bajo estas conminatorias y predicciones de no dejar gobernar se hace utópica la construcción democrática o el derecho a decidir el destino de un país a través del voto. Un adelanto elocuente al respecto es el desacato del voto contrario a la reelección presidencial más allá de dos veces consecutivas por mandato constitucional, como se decidió mayoritariamente el 21 de febrero de 2016.