El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, expresó ayer que teme por su vida, tras conocer que existe la posibilidad de que sea trasladado de la carceleta de Arani a otro recinto penitenciario.

“Gracias a Dios, estoy en un penal donde se resguarda mi vida. Mi temor es que me cambien para poder atentar contra mi vida”, expresó antes de ingresar ayer al juicio por el presunto despido injustificado de cinco funcionarios en junio de 2015.

La autoridad llegó desde valle alto al Juzgado de Quillacollo esposado y custodiado por tres policías a las 16:30, treinta minutos antes de la hora fijada. “Voy a seguir dando la cara porque sé que soy inocente”, declaró.

La audiencia se suspendió para el 24 de noviembre porque los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 continuaban en una audiencia.

“Se postergó por motivos de fuerza mayor. El tribunal está atendiendo otro juicio”, señaló el asesor legal del Concejo Municipal, Luis Camacho.

El funcionario aseveró que, si Mérida persiste en pedir que se revoque la detención preventiva, solicitarán que sea enviado a otra cárcel.

“Si insiste en pedir libertad y no cumple las reglas del penal de Arani, vamos a pedir que sea enviado a otro recinto”, agregó.

Camacho adelantó que, por el retiro de servidores públicos que gozaban de fuero sindical y otros beneficios laborales, en la próxima audiencia presentarán pruebas contundentes para que sea detenido preventivamente.

“Contamos con pruebas para demostrar que no se puede revocar las medidas cautelares de mi cliente. Él acreditó tener domicilio, trabajo y familia”, manifestó María Luz Varas, abogada de Mérida.

Comentó que, además, el burgomaestre presentó su arraigo, un depósito de 50 mil bolivianos y las firmas que cumple cada 15 días.

El munícipe indicó que desde el martes sólo recibió la visita de algunos familiares y dirigentes en el penal de Arani.