Una imagen dolorosa recorre las retinas de cruceños y bolivianos. En ella se ve la herida de 55 hectáreas que se proyecta como una mancha blanca en la riqueza verde del bosque seco chiquitano, un área forestal que ha sido entregada a la Comunidad Tupac Amaru, conformada por 33 familias provenientes de Cochabamba.

La panorámica, captada por el lente de un fotógrafo de EL DEBER, confirma la denuncia del alcalde del municipio de Roboré, quien dice que los responsables de la tala y quema de ese espacio tienen documentos otorgados por el Instituto de Reforma Agraria (INRA) y por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que han autorizado la deforestación argumentando que se trata de tierras fiscales.

En las 55 hectáreas se abrió un camino de tres kilómetros de largo por 18 metros de ancho; además, el espacio ha sido dividido en 33 parcelas donde los que buscan asentarse quemaron los troncos que previamente habían derribado, quizás con el fin de darle un uso agrícola.

Lo que indigna es que quienes otorgaron esos permisos desconocieron que la vocación de esas tierras es forestal, de acuerdo con una resolución emitida en 2006 por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medioambiente, según la Gobernación de Santa Cruz y el mismo alcalde de Roboré. Además, la decisión del INRA y de la ABT va en contra del compromiso que las autoridades del país deberían tener con la preservación del medioambiente. También contrasta con la valoración que tiene la zona por parte de las comunidades que la circundan.

Se trata de una de las últimas regiones forestales tropicales secas en el mundo, en las que los científicos hablan de la existencia de unas 52 especies forestales por hectárea, lo que permite dimensionar el valor de la zona y la profundidad del daño que se está causando.

Las autoridades locales de Roboré se declararon en emergencia y la ABT les ha ofrecido una reunión el 24 de este mes. Inquieta que continúe la dotación de títulos y de permisos para deforestar sin tomar en cuenta la vocación productiva, más aún si se considera que en el país hay más de 5 millones de hectáreas de tierras fiscales en proceso de distribución, según el mismo INRA, las cuales están en diversas áreas del país.

El planeta está sufriendo por el calentamiento y sus consecuencias medioambientales. No es tolerable que, a título de dotar de ‘tierras fiscales’ a pobladores de este y de otros departamentos, se tale y hiera de muerte la riqueza natural del país. Es de esperar que las autoridades nacionales tomen conciencia y reencaminen estas decisiones, por el bien de los bolivianos.