La decisión de los dirigentes de la región cocalera del Chapare de impedir la presencia de partidos políticos de la oposición, ya sea para inscribir militantes o para hacer proselitismo, es la confirmación de que en esa región el Estado está ausente.

Es un secreto a voces que allá no actúa ni la Policía ni la justicia y que la única ley que impera es la que imponen los sindicatos cocaleros, cuyo máximo dirigente es el presidente Evo Morales.

Hace algún tiempo, los habitantes del Polígono Siete, que es el punto de salida del Chapare y de ingreso al TIPNIS, impidieron la entrada a los miembros del Tribunal de la Naturaleza con el argumento de que no habían pedido permiso.

El sábado, la Federación Única de Centrales Unidas de Shinahota, del Chapare, rechazó la inscripción de militantes de otros partidos que no sea el MAS.

La decisión orgánica se produjo luego de que un punto de inscripción de militantes del FRI fuera objeto de amedrentamiento y luego de que dos transportistas que se registraron en ese partido fueran expulsados de sus sindicatos.

Para justificar esos hechos, altos representantes masistas, en vez de desautorizar a esos dirigentes intolerantes, ensayaron todo tipo de explicaciones antidemocráticas.

Dijeron que el Chapare y sus sindicatos son autónomos, que hay que pedir permiso a las organizaciones para ingresar a hacer campaña a la zona, y la más inverosímil de todas las justificaciones fue la de la diputada Valeria Silva que dijo que “la gente que vive en el Chapare tiene todo el derecho -democrático- de no querer nada que tenga que ver con el proyecto de quien fuera el segundo de Goni”.

Derecho democrático a ejercer el autoritarismo, habrá querido decir Silva, porque democracia es otra cosa muy distinta.

Si el Chapare fuera democrático se podría circular con libertad en la zona, se podría hacer campaña y se garantizaría el derecho legítimo de dos transportistas de pertenecer a otro partido que no sea el MAS. Sería más democrático aún si permitiera la alternancia en la dirigencia sindical y no dejara que Evo Morales se eternice en el cargo, tal como pretende hacer en la Presidencia de Bolivia.

La democracia que se aplica en el Chapare es la que conviene a los cocaleros del MAS y ese mismo modelo es el que Evo Morales quiere aplicar en el país, por eso dice que los únicos que pueden hablar de democracia en Bolivia son los movimientos sociales.

El Chapare es Bolivia y, como en cualquier otro punto del país, los partidos políticos tienen derecho a buscar el voto. Si el Presidente no garantiza esa actividad, entonces se podría deducir que él no sólo está al tanto, sino que, en su calidad de dirigente de las federaciones cocaleras, es el promotor de la intolerancia.

Lo peligroso del caso es que las expresiones de autoritarismo surgidas en el Chapare se han expandido a otras organizaciones sindicales del país. Por ejemplo, el Conamaq ha amenazado con chicotear a los opositores y lo hizo luego de que sus dirigentes recibieran nueve vehículos de parte del presidente Evo Morales.

Este hecho es una clara muestra de prebendalismo preelectoral y lo peor de todo es que se sostiene con recursos del Estado, puesto que los vehículos “donados” fueron incautados al contrabando, por tanto, son del Estado.

Otro dirigente que recibió un vehículo es Jesús Vera, quien lidera una Fejuve afín al MAS y que, a juzgar por sus actos previos, no tardará en ponerse en campaña a favor de Evo Morales.

En la misma línea, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia dijo que no se garantiza la seguridad de los opositores y aseguró que la decisión orgánica es que el MAS es su instrumento político, por lo que no se permitirá la presencia de los opositores.

Como se puede ver, el virus de la intolerancia está expandiéndose libremente por el territorio nacional y eso podría generar un ambiente de tensión en una larga campaña electoral que apenas comienza y que tendrá en agenda las primarias en enero, las generales en octubre y la segunda vuelta a final del año 2019.