La mayoría parlamentaria del partido de Gobierno aprobó el calendario electoral para los comicios de 2019, en los que se debe elegir presidente, vicepresidente y parlamentarios para el período 2020-2025; este calendario durará más de un año. Todo en medio del rechazo popular a una nueva postulación del actual mandatario, violatoria de la Constitución y rechazada en el referendo del 21 de febrero de 2016.

Simultáneamente, políticos y ciudadanos favorecen una opción electoral opositora: la unión en un solo frente electoral para enfrentar –se dice que así se tendría alguna posibilidad de éxito– a la anunciada candidatura del actual presidente. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, hay dudas sobre la viabilidad de la propuesta. Algunos ven que con esa fórmula no se tendría consecuencia con el rechazo popular resultante del 21-F a esa ilegal postulación, puesto que, con presentar a elecciones a un candidato, implícitamente se reconocería como legal la opción oficialista.

Por otra parte, lo usual y democrático es que las diferentes corrientes políticas presenten su plan de gobierno y lo sometan a consideración de los ciudadanos. No parece viable que partidos, como los marxistas-leninistas y los liberales, por ejemplo, se avengan a concertar planes de gobierno ajenos a sus principios y a su ideología. En efecto, como es natural, hay diferencias abismales que separan a los varios partidos de la oposición.

Pese a todo, el oficialismo está empeñado en revertir el resultado del referendo del 21-F. Y cuenta con el ejemplo del Gobierno de Venezuela: la oposición unida obtuvo un triunfo contundente en las últimas elecciones parlamentarias, pero el chavismo buscó la forma de contrarrestar ese triunfo, y convocó a elecciones para conformar una nueva Asamblea Constituyente, y las ganó -se dice- con inmenso fraude.

Ahora, en nuestro país, con el propósito de favorecer la presentación de la candidatura oficial a la Presidencia, se ha resuelto permitir que sean solo los militantes de los partidos los que puedan objetar a sus propios candidatos, no a los de otras fórmulas, pese a que así se cercena la facultad de todos a denunciar la ilegalidad de una postulación de cualquier fórmula. Esto no es solo un derecho, sino también un deber ciudadano.

Todo apunta a que atropelladamente se pretende hacer ganar al ‘caballo del corregidor’ y, en esto, se advierte que se cuenta con ingenuidades opositoras y también con ciertas complicidades.