El alcalde José María Leyes, su hermana Claudia y tres funcionarios enfrentan un nuevo proceso, porque presuntamente “daban la línea” en las contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba.

Es decir, que instruían a quiénes se debía beneficiar. Con esta denuncia la autoridad suspendida en abril suma siete denuncias. El Viceministerio de Transparencia  interpuso la denuncia en base a la declaración de 11 personas en los casos Mochilas I y II.

La denuncia es contra el alcalde Leyes, además de su hermana Claudia Leyes, los exsecretarios José Miguel Padilla y Diego Moreno y la exdirectora de Contrataciones, Carolina Ayala.

El proceso se inició por la presunta comisión de cuatro delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado.

Según el viceministro Diego Jiménez la base de la denuncia son 11 declaraciones que señalaron a la hermana del Alcalde como una persona de alto poder de decisión dentro del municipio, pese a no tener ningún cargo.

“La injerencia de Claudia Leyes llegó al punto de tener su propia oficina en dependencias del gobierno municipal, toda vez que a fines de 2016 el jefe de Bienes Municipales instruyó al encargado de activos fijos llevar sillones al piso ocho del edificio Bussines Center, donde funciona Contrataciones”, señala la denuncia.

Sigue: “El servidor trasladó los muebles al lugar donde estaba Claudia Leyes, quien ordenó dónde debía colocar los muebles municipales en la que sería su oficina”.

Otra declaración indica que la hermana del Alcalde habría dispuesto que se anule el proceso de contratación de compra de vestimenta deportiva para los Juegos Plurinacionales 2016, pues no ganó la persona que ella dispuso. El nuevo proceso no se completó a tiempo y los estudiantes desfilaron sin la indumentaria.

Según el funcionario, denunció este hecho al Alcalde, quien no tomó ninguna acción. Al contrario, distanció al denunciante.

También se cuestiona la compra de kardex para el desayuno escolar. La Dirección de Educación realizó cotizaciones, pero en la de Contrataciones señalaron que existía “la línea” dada por la hermana del Alcalde para que gane una empresa específica.

Más irregularidades similares se advirtieron en el proceso de compra de bombas de agua para educación.  

El viceministro Jiménez también identifica un vínculo con Demócratas, pues señala que todos los miembros de este “círculo de confianza” son parte del partido, incluso, la hermana del Alcalde, quien fungía como delegada departamental ante el Tribunal Departamental.

Siete procesos irregulares se identificaron en las investigaciones de Mochilas I y II. No se descarta que existan más contrataciones dirigidas.

OPINIONES

"Transparencia se ha convertido en una agencia de persecución política al alcalde Leyes. Nosotros hemos presentado pruebas desde el 9 de abril que no son tomadas en cuenta. Lo que quieren es evitar que el Alcalde siga creciendo como político".Humberto Trigo. Defensa del alcalde Leyes

"El Viceministerio de Transparencia debiera ser más serio. Cada mes parece una telenovela, son conjeturas  y no hay resultados. Es una sunchu luminaria da a conocer cosas y no ejecuta, para qué hacen conocer entonces, sino hay resultados o toma de declaraciones". Carlos Coca. Concejal Demócrata 

SIETE DENUNCIAS CONTRA EL ALCALDE SIN AVANCES

La denuncia presentada por el Viceministerio es la séptima  contra el alcalde José María Leyes. Sin embargo, éstas avanzan con lentitud, mientras la autoridad permanece con detención domiciliaria, desde el 22 de abril.

Leyes enfrenta denuncias por: Mochilas I, Mochilas II, cámaras de seguridad, desayuno escolar, compra de seguros, informe de la Unidad de Investigaciones Financieras y la actual sobre la presunta red de corrupción.

A la fecha, Leyes cumple con detención domiciliaria, tiene prohibido acercarse a la Alcaldía,  funcionarios y hablar con medios,  como medidas sustitutivas a la detención preventiva en el marco de Mochilas I.

Se esperan dos audiencias que se llevarán a cabo el 22 y 25 de este mes. En la primera se pide que vuelva a trabajar y  en la segunda el Ministerio Público solicita la detención de la autoridad.

En el resto de los casos los avances son pocos. El viceministro Jiménez indicó que falta celeridad.