La alta tensión política que está viviendo el país permite anticipar días de confrontación entre bandos partidarios contrarios que ya redundan en muestras de intolerancia y pueden desencadenar violencia física. Son extremos que el país no necesita y que todos los bolivianos debemos rechazar.

A comienzos de este mes se conoció que dirigentes comunales de Achacachi impidieron que el MAS inscriba a su militancia, y en el mismo lugar se anunció que se obstaculizaría la presencia de cualquier otro partido político. Durante la semana pasada, la intolerancia se repitió en el trópico de Cochabamba (la zona cocalera de Chapare, que es uno de los principales bastiones del presidente Evo Morales y de su partido). En uno de los municipios de esta zona agredieron a miembros del Frente Revolucionario de Izquierda (partido que postula a Carlos Mesa) cuando intentaban instalar una mesa de registro de militantes. Lo mismo pasó en el Plan 3.000 con gente de la misma agrupación política, que tuvo que recoger sus cosas y salir apresuradamente para evitar agresiones.

También la semana pasada un periodista paceño fue interpelado y agredido verbalmente en Cochabamba en una muestra de intolerancia política.

Se trata de inquietantes muestras del momento denso que está viviendo el país. Las pasiones políticas están exacerbadas y se producen estos episodios que no son democráticos y escriben letras negras en la historia de una Bolivia donde deberían estar garantizadas las libertades ciudadanas.

Lo que más preocupa es que esta intolerancia sea alentada y hasta instruida por altos dirigentes del MAS. Que el máximo dirigente de los cocaleros de Chapare diga: “Nosotros sancionamos, expulsamos. Si hay alguien que quiere irse que se vaya, pero no podemos tener ovejas negras dentro de nuestra organización”, justificando que se impida el registro de militantes de otro partido en el trópico de Cochabamba es algo que no se puede tolerar en democracia.

El Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de dar garantías a todas las tiendas políticas para que ejerzan el derecho de registrar militantes y de hacer campaña en cualquier zona del país. El Estado tiene que sentar presencia y sus instituciones no pueden mirar al costado ante esas demostraciones de intolerancia y de falta de respeto a la democracia.

Estamos en la antesala de un proceso electoral en el que se prevé que habrá una alta dosis de agresividad entre los oponentes. Nadie quiere que las pasiones políticas lleguen a la violencia verbal y menos física. Que la racionalidad prevalezca y que los líderes de cada uno de los frentes políticos sean capaces de poner freno a los desbordes de sus seguidores.