Efectivamente, se ha comprendido que el gobierno logró una ley encaminada a habilitar la candidatura oficialista, al mismo tiempo que coloca las fichas en un tablero propicio para dividir más a la oposición; ya que, si aceptan y participan en las elecciones primarias debilitan la corriente de “Bolivia dijo No” y además, legitiman la candidatura de Evo Morales. Pero si no participan, dejarán el camino libre a otra reelección de los actuales gobernantes. Es la misma estrategia que se efectuó en Venezuela, donde la oposición se abstuvo y dejaron que corra sólo el “caballo del corregidor”. Como se puede apreciar, nada nuevo bajo el sol en el cálculo político para lograr objetivos sin importar los medios, aunque no sean legales.

Existen acercamientos entre el Movimiento Demócrata Social (MDS) de Rubén Costas con el expresidente Carlos Mesa, pese a que ambos ya anunciaron sus propias candidaturas. El objetivo de estos acercamientos tiende a conformar un bloque de unidad para hacer frente al Movimiento al Socialismo (MAS), según los promotores de la iniciativa. Recordemos que de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, este mes deben configurarse las alianzas para los comicios de 2019, mientras que las candidaturas para las primarias deben inscribirse hasta la primera semana de diciembre.
En este momento la posibilidad de lograr un bloque político coyuntural está en manos de Carlos Mesa, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y los promotores de las plataformas de defensa del proceso democrático. Hasta ahora apenas existen tímidos contactos que muestran que todavía prevalece el individualismo. Aunque es necesario reconocer que ya hubo otros intentos con relativo éxito. Con motivo de recordar la recuperación de la democracia, el pasado 10 de octubre la oposición mostró que puede ir en una línea común.

Este hecho alentó a todas las organizaciones defensoras de la CPE a sumarse al movimiento de rechazo a una nueva e “inconstitucional” postulación de Evo Morales, La determinación del Gobierno y del MAS, de ignorar la voluntad y decisión ciudadana expresada en las urnas el 21 de febrero de 2016, que dijo NO a una nueva reelección, la complicidad del TCP, y las violaciones a la CPE, han motivado una reacción adversa. Diversas organizaciones sociales, asociaciones de profesionales, instituciones culturales, y los movimientos cívicos, han coincidido con prestigiosos juristas que orientan la coyuntura actual, en advertir que la cadena de transgresiones legales podría derivar en vicios jurídicos que, tarde o temprano, ineluctablemente, resultarán en la pérdida de legitimidad del Gobierno actual y de sus decisiones.

Pero mientras tanto, el oficialismo se potencia, va firme hacia las primarias como primer paso para quedarse en el Gobierno. A su vez, la oposición sabe que debe unirse, pero los escollos que debe vencer son cada vez más empinados, lo que para algunos es un desafío que alienta la esperanza por lograr, finalmente, los consensos necesarios bajo la premisa de defender la legalidad, la Constitución Política del Estado, la voluntad soberana de los ciudadanos y proteger el proceso democrático.