Viene de uno y otro lado, tanto del oficialismo como de la oposición. Y como sucede con cierta frecuencia, lo que corresponde es referirse a los acontecimientos de los últimos días, ocurridos todos en el departamento de Cochabamba.

Dos hechos tuvieron lugar en la capital del valle. Primero, la hermana del vicepresidente del Estado, Mary Carmen García Linera, fue agredida verbalmente cuando intentó pasar por uno de los bloqueos callejeros que se realizaron en Cochabamba el 10 de octubre, cuando se recordaba el retorno a la democracia.

La mujer estaba en su vehículo, pidió que le dieran paso y los bloqueadores se lo negaron. Acto seguido vino una discusión en la que ella puso mucho de su parte. Mientras los manifestantes le decían que en el país se vive una dictadura, ella se burló y respondió insultos con insultos. Al final, terminó alejándose del lugar profiriendo palabras soeces.

El otro hecho también pasó en Cochabamba, en un conocido restaurante en el que cenaba el director de contenidos de la red ATB, Jimmy Iturri. Una persona aparentemente de la tercera edad se le acercó para reclamarle por su presunto apoyo al Gobierno. A diferencia del incidente anterior, el agredido optó por no responder y siguió comiendo, como si nada estuviera pasando. Por ello, el hecho no pasó a mayores aunque el video se volvió viral.

En ambos casos estamos hablando de acciones de intolerancia de personas que o están en la oposición o no están de acuerdo con el gobierno del presidente Evo Morales. Aunque en el primer caso hubo una reacción proporcional al ataque recibido, no se justifica, desde ningún punto de vista.

Cualquier ciudadano boliviano tiene derecho a asumir una posición política y no puede ser atacado por eso. Es el caso de Iturri que, al margen de la cuestión ética —que por eso mismo debe dilucidarse en escenarios deontológicos— tiene derecho a movilizarse libremente por el territorio nacional sin que nadie le moleste.

Pero mientras los opositores eran cuestionados por esas dos reprochables acciones, algo peor ocurría en Cochabamba, en el Chapare, en Shinahota, que, como se sabe, es uno de los bastiones del movimiento cocalero que apuntala al presidente Evo Morales. En ese lugar, no sólo se agredió a las personas que instalaron un punto de registro de militantes, sino que se emitió un comunicado oficial en el que “RECHAZAN (así, con mayúsculas) contundentemente la aparición de puntos de registro de cualquier agrupación ciudadana contraria al proceso de cambio liderizado por nuestro hermano presidente”.

El comunicado señala que una conducta absolutamente democrática, como el registro de militantes, es una provocación directa a los cocaleros que, además, amenazan con asumir acciones contra otras personas y organizaciones de Shinahota que no demostraron su apoyo a Evo Morales.

Por este documento se sabe que en Shinahota ya no existe apoyo unánime al Presidente pero lo que debería importar a todos los bolivianos es que las acciones y amenazas que se pueden leer en él no solo son actos de intolerancia sino algo mucho peor: es posible hablar de acciones delictivas tipificadas como tales por el Código Penal.

El problema es que, mientras para la mayoría del país esas son acciones repudiables, por lo delincuenciales, a los cocaleros del Chapare les parece algo absolutamente normal porque se han acostumbrado a actuar en contra de la ley.

Es de esperar que los líderes de uno y otro bando, oficialismo y oposición, llamen al orden a sus militantes porque si la campaña electoral, que ni siquiera se inició oficialmente, va a tener características parecidas a las descritas, días negros le esperan al país.