El 10 de octubre de 2018, igual que el de 2017, fue un día de conmemoración, de fiesta popular pero también, de un modo claro en todos los lugares emblemáticos de nuestras principales ciudades donde se congregaron cientos de miles de ciudadanos, de exigencia a Evo Morales y Álvaro García Linera de que respeten la decisión de la mayoría de nuestro pueblo.

Por eso, los bolivianos hemos entrelazado el 10 de octubre con el 21 de febrero. La dimensión de la primera fecha es tal, que ya se ha consagrado en nuestra historia republicana como uno de sus hitos más importantes, tanto como para equipararse a los momentos más importantes que configuran la línea de vida del país. La razón salta a la vista. Si hacemos un recuento de nuestro pasado desde 1825, podemos contar con varios periodos en los que el país vivió bajo las normas democráticas, pero en prácticamente todos los casos hubo alguna limitación que hace imposible su caracterización como momentos en los que se practicara la democracia plena. La razón más significativa de esa insuficiencia fue la existencia de un voto restringido y excluyente. Cuando en 1952 se conquistó el voto universal, la dictadura de partido, sumada al fraude, marcaron con un estigma la inauguración del reconocimiento de la ciudadanía para todos que desnaturalizó un logro de tal magnitud.

En 1982, por fin, más de un siglo y medio después de la independencia, la sociedad boliviana dio el salto gigantesco de apostar por la democracia plena apegada a la norma constitucional. Fue el momento inaugural, un parte aguas tan decisivo como desafiante. Emprendimos así un nuevo camino que buscó una sociedad entre iguales basada en el estado de derecho. Hasta 2016 vivimos tres momentos; el de la consolidación entre 1982 y 2003; el de la transición turbulenta entre 2003 y 2006 y el de su transformación aparente hacia un estadio de madurez entre 2006 y 2016. Estos ciclos prueban la dificultad de una ruta en la que la construcción de un gran proyecto histórico afrontó avances, frenos o retrocesos, que nos colocaron en la dura realidad.

Estos últimos doce años y medio han probado que las transformaciones necesarias encarnadas por un Presidente indígena (como tenía que ser), se están convirtiendo en caricaturas de algo que prometía pero que se hunde en el pantano del poder yermo y solitario.

El pueblo que luchó y ganó la democracia se dio cuenta de esa peligrosa deriva y habló. Lo hizo, irónicamente convocado por el Presidente que suponía que esa voz colectiva iba a darle un espaldarazo a un vocación de poder total e ilimitado en el tiempo. Nació así el 21F. Ese día de febrero de 2016 se escribió una página indeleble e intensa que demostró algo que no teníamos del todo claro, que los bolivianos –contra toda presunción- valoramos la democracia no como una abstracción teórica, sino como una forma de vida en comunidad. El No a la reelección indefinida de los dos primeros mandatarios se dijo fuerte y claro, aplicando el principio de participación que habíamos incorporado a la Constitución en 2004, como un instrumento que profundizó los derechos ciudadanos referidos a la toma directa de decisiones colectivas.

Tal batacazo democrático puso a prueba al Presidente que, como era previsible, desveló su verdadero espíritu. La democracia es para él un mecanismo instrumental que ha reivindicado mientras los astros estaban alineados y le eran favorables, pero que no le es útil cuando estos se desalinean y le son contrarios. Su equipo, sin inventiva alguna, fue por lo “seguro”, copiar lo que hicieron otros gobernantes de la región, alegar que los “derechos humanos” del hombre más poderoso del país se estaban violando al impedirle quedarse de por vida en la presidencia. No midió que la triquiñuela no podía pasar por argumento legítimo, por eso el No de la mayoría absoluta, es hoy el No de dos tercios del país.

Los ciudadanos le dijeron al Presidente que el juego no se juega con las reglas arbitrarias de un individuo, sino con las reglas establecidas en su Carta Magna que define claramente como se hace efectivo el mandato popular. De ahí en más, el 10 de octubre y el 21 de febrero se recordarán siempre entrelazados como resultado de la decisión de toda una sociedad de defender sus derechos que son inalienables e imprescriptibles.

El autor fue Presidente de la República