La disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, advirtió con remitir un informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento del Estado boliviano sobre el fallo a su favor del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si el Estado insiste en no cumplir, el organismo internacional podría emitir una censura internacional.

La resolución de este comité señaló que el Estado vulneró los derechos de Delgado y Eduardo Maldonado al no permitirles ser candidatos en las elecciones regionales de 2015. La instancia determinó el resarcimiento económico, moral, entre otros.

Se otorgó un plazo de 180 días para dar cumplimiento a la resolución, sin embargo, ni las autoridades de la Procuraduría y menos del Ministerio de Justicia acataron la sentencia de las Naciones Unidas.

“Si existiera una renuencia, que no quieren cumplir el dictamen, sería absolutamente incoherente porque fue Bolivia que acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que también es un organismo de las Naciones Unidas. Sería incoherente que tenga renuencia. En el caso de que así fuera, tendría una censura internacional”, afirmó la excandidata a la Alcaldía de Cochabamba.

Explicó que el informe que remitirían, si es que no se soluciona la demanda, se consideraría en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Se verificaría que en Bolivia no solamente se vulneran los derechos humanos, sino que además no se quiere resarcir, no se quiere reparar el daño, y esto implicaría que se considere en la Asamblea General de las NNUU para establecer que en Bolivia están muriendo los derechos de los ciudadanos bolivianos (…) por abuso de poder”, sostuvo.

Recordó que, en determinada oportunidad, el procurador Pablo Menacho señaló que evaluaría las modalidades de cumplimiento para lo dispuesto por la ONU.

“Queremos que actúen de manera coherente, es decir, que cumplan este dictamen, que básicamente establece que tiene que haber restitución, indemnización, satisfacción pública, rehabilitación”, señaló.

Por su parte, Maldonado escribió en su cuenta de Twitter que “hoy (por ayer) vence el plazo. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que hubo vulneración de derechos políticos y negación de justicia a Rebeca Delgado y mi persona. La PGE ha guardado silencio, lo que pone en entredicho la fe del Estado y subsiste la responsabilidad estatal”.

Ambos exlegisladores esperan desde el 17 de abril que alguna autoridad se comunique, pero nadie lo hizo. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con “diligencia” para cancelar $us 42 millones, en el juicio que perdió el Estado.

“Hemos visto absolutamente diligentes en el caso Quiborax que pagaron 42 millones, pero en el caso de ciudadanos que han sido víctimas de violación de sus derechos, ninguna rapidez en el cumplimiento de la resolución”, reprochó Delgado.

DELGADO PROPONE FORMAS DE CUMPLIR

Rebeca Delgado dijo que, para el respeto de los derechos políticos y civiles, tienen una propuesta de ley que hará llegar a la instancia respectiva, toda vez que no se avanzó en el tema.

“Como no hay propuesta del Estado, nosotros estamos proponiendo una ley corta en consenso con el Tribunal Supremo Electoral para que se interprete de manera correcta el artículo 285 de la Constitución y no se vuelva a impedir que asambleístas nacionales puedan ser candidatos para elecciones a nivel subnacional”, puntualizó.

En 2015, el TSE emitió una resolución que prohibía a legisladores postular a un cargo para alcalde, concejal o asambleísta.