El caso del extinto senador Róger Pinto, muestra la falta absoluta de tolerancia del gobierno. En una carta, Mi verdad al pueblo de Bolivia, Pinto denunció que el gobierno le inició juicios en los distritos judiciales de Cobija, La Paz, Santa Cruz y Sucre, a los que estaba obligado a asistir para evitar su detención y poder ejercer su derecho a la defensa. “Por cada denuncia de corrupción o por narcotráfico que presento, el Ejecutivo responde abriendo un proceso nuevo uno más descabellado que el otro”, dejó escrito en su carta.Róger Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz para solicitar amnistía para los que consideraba son perseguidos políticos, un caso inédito en los últimos 30 años en el país.

La mayoría de los refugiados pertenecen a la denominada “Media Luna”, y que coincidentemente resistían la hegemónica del MAS. El grueso del exilio sucedió después de los acontecimiento sangrientos de El Porvenir, en Pando, y de las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. Sin embargo, salvo alguna excepción, el tiempo ha demostrado que estos hechos (como tantos otros), fueron casos planificados, dirigidos, y ejecutado por el gobierno.
Hay que recordar que el gobierno de Evo Morales tenía fijación con el oriente boliviano y en esa búsqueda de su control, polarizó y confrontó militarmente a la oposición, y las acusaciones iban y venían a pesar de que no tenían argumentos ni pruebas. En realidad, la idea de hacer ver a los cruceños como separatistas y subversivos, fue recurrente en el discurso oficial. Lo cierto es que el gobierno venía abonando el terreno para la toma militar de Santa Cruz, ya que simbolizaba y aún representa la oposición política. En los hechos, el MAS ya le había permitido demasiada “rebelión política”, como la realización de los multitudinarios Cabildos, que habían conseguido arrancar la elección de los prefectos departamentales y con ello el avance del proyecto político cruceño.

La institucionalidad cruceña, en efecto, hacía gala de su poder de convocatoria, siempre legítima y democrática. Así, por ejemplo, el Cabildo del Millón del 28 de enero de 2005 al pie del Cristo Redentor, fue el acto multitudinario cuestionador del centralismo y ponía de manifiesto la idea de que Santa Cruz representa el motor económico nacional, y tiene músculos para disputar cualquier hegemonía política. En efecto, la sistemática confrontación entre el modelo socialista e indigenista del gobierno versus el modelo autonómico, que defendía la Media Luna, mediante la sanción de sus estatutos, tensó aún más las vidriosas relaciones políticas entre el gobierno y la oposición. 

La violenta arremetida del gobierno en contra de la oposición se puso al rojo vivo con la toma militar del departamento de Pando, el más débil desde el punto de vista político. Con este golpe certero del gobierno, y ante el temor de ser detenidos y sometidos a procesos judiciales sin las garantías constitucionales, comenzó el exilio a Brasil de los principales dirigentes cívicos.

El golpe fríamente calculado a Pando y el debilitamiento progresivo de la Media Luna, estaba planificado para tomar “militarmente” el territorio controlado por la oposición política y con ello también había llegado el momento de que el gobierno de Evo Morales tomara a cualquier precio ─el fin justifica los medios─ el poder absoluto del Estado. Fue entonces cuando apareció la teoría oficial de la bifurcación o momento excepcional, corto de duración, primario, pero decisivo, en que el “príncipe” abandona el lenguaje de la seducción y se impone con sus tácticas bélicas de coerción. Fue un momento bélico o potencialmente bélico, envolvente y de empate catastrófico, donde comenzó el exilio masivo en plena democracia, algo inconcebible pero real y por eso se exige una amnistía irrestricta para todos los refugiados y procesados por causas políticas.
​​​​*Jurista y autor de varios libros.