El 18 de abril de este año, Alipaz denunció ante el 17 Foro Permanente de las Naciones Unidas, el grave estado de amenaza que enfrentan 51 comunidades indígenas y campesinas no solo por los proyectos Chepete-Bala, sino también por el proyecto Rositas.

  
P. ¿En este momento en qué está el proyecto de Chepete-Bala?
R.A.: A todas las acciones jurídicas, administrativas, violando derechos como omitir la consulta previa de parte del Gobierno, nosotros cumplimos dos años de resistencia. 

La empresa italiana Geodata que se adjudicó los contratos para todos los estudios: de identificación, a diseño final, de impacto ambiental y ahora está haciendo los términos de referencia para la licitación internacional. En ese contexto no hay una independencia de criterios, al que nosotros vemos un grave riesgo para nuestras comunidades. 
 
P. ¿Geodata sigue presente en la zona?
R.A.: Así es. La empresa italiana sigue haciendo trabajos, pese a que nosotros habíamos logrado su expulsión en la zona. Entonces todo va hacia la materialización del proyecto. En junio de este año deberían haber culminado con los estudios.
 
P. ¿Qué pasó si el 2017 se había expulsado a Geodata?
R.A.: Evidentemente, luego de la expulsión, el 2017 el Gobierno se ha dedicado a coptar a los dirigentes indígenas, a partir de dichas acciones, en el fondo no han hecho otra cosa que seguir profundizando una sistemática violación de los pueblos indígenas. 

Por ejemplo, tenemos derechos de recibir información veraz, de buena fe, pero eso es lo que no encontramos en todo esto.

P. ¿Qué es lo último que se supo?
R.A.: Lo último que supimos fue que el Gobierno ha hecho algunas obscervaciones al informe de Geodata. Pero no sabemos cómo lo están haciendo. Eso es toda una ironía, dado que no lo hacen con el consentimiento de los que vivimos ahí. Eso significa hacer un trabajo sin la consulta previa, tampoco nos brindan información alguna, más bien utilizan mecanismos de despojo de los derechos de los pueblos. 

P. ¿Cuáles son los peligros que provoca la hidroeléctrica?
R.A.: El Gobierno con estos proyectos nos están engañando sin ver la factibilidad o el negocio de los proyectos. Nos mienten al decir que se  tendrá energía para el país cuando sabemos que ya tenemos excedentes, nos dicen que el agua va a servir para el consumo humano en las ciudades, que se exportará energía  cuando no hay mercado, dado que no tenemos a quién venderle. Por ejemplo, en Brasil energía a menores costos con lo que Chepete y el Bala nos significará. En ese contexto, cuestionamos ¿dónde está el negocio?. El Gobierno no nos dice nada al respecto.

P. ¿Lo del centro energético de Sudamérica es una falacia?
R.A.: Bajo una lógica simple, que no requiere muchos cálculos, claro que si. Realmente, el Chepete-Bala, es un proyecto no factible. Nosotros observamos no solo esa factibilidad, sino también hacemos prevalecer nuestros espacios de vida, que en el fondo serán los más afectados.

Y lo peor, cuando el Gobierno nos ofrece a cambio de aprobar la megarrepresa, con proyectos en energía, salud, educación, están cometiendo un acto de violación de derechos, dado que nos están obligando a tranzar, cuando dichas ofertas son obligaciones que tiene el Estado de proporcionar esas obras. No puede ser entendida como una concesión a cambio de algo. 

P. ¿Pero cuáles las mayores consecuencias y peligros?
R.A.: Lo concreto y claro es que la megarrepresa de Chepete y el Bala, implicará un desplazamiento total y desintegración social y cultural de todas nuestras comunidades como  son las naciones Mosetén, Tsimane, Esse Ejja, Tacana, Leco y mi propio territorio, Uchupiamona. Eso significa, en el fondo, etnocidio para seis territorios indígenas. Por ejemplo, los Esse Ejjas, desaparecerán completamente dado que son comunidades nómadas que viven en la rivera de los ríos. Es decir, no solo es este megaproyecto, la situación es la misma con Cachuela Esperanza, Ivirizu, Rositas, entre otros, a costa de mucha gente.

P. ¿Están totalmente avasallados en este momento?
R.A.: Así es. Estamos viviendo una situación de sometimiento a los  propósitos extractivistas del Gobierno. La Constitución dice que todo proyecto susceptible de afectar a pueblos indígenas, indica que se debe hacer la consulta previa de los pueblos. Y no hay nada de ello, por eso estamos movilizados defendiendo los  espacios territoriales, pero la afectación es a todos los bolivianos, dado este proyecto nos endeudará, la inversión será una gran pérdida dado que los proyectos no son factibles.

"El gobierno está utilizando diferentes mecanismos orientados a despojar derechos. Con ofertas de plan de manejo forestal, contrucción de hospitales, buscan confundir a las comunidades"