El símbolo de las miles de fogatas nocturnas en los barrios alteños con el pueblo velando armas, el cerco, asedio y posterior toma de las ciudades de La Paz y El Alto por el pueblo movilizado desde el día 8, la quema de las oficinas partidarias y la negativa militar a seguir masacrando culminó con la vergonzosa huida de Gonzalo Sánchez de Lozada la tarde del viernes 17 de octubre, cerrando así las jornadas de lucha y abriendo un nuevo proceso histórico.
El saldo fue de 70 muertos, centenares de heridos, el protagonismo del pueblo y la derrota del proyecto político neoliberal y conservador, abriendo el nuevo cauce político-social que tendrá dos años de transición con la pugna de dos fuerzas definidas: las de los partidos tradicionales acorralados en el Parlamento y en el Palacio de Gobierno, donde se mantuvo primero Carlos Mesa y después Eduardo Rodríguez, por una parte, y la de los movimientos sociales y populares vigilantes en las calles y los caminos de todo el país, por otra.
El resultado de las jornadas de lucha se expresó en la Agenda de Octubre, un sencillo y profundo programa estratégico destinado a desmontar el poder económico y político de las oligarquías locales y el imperialismo. Establecía, por una parte, la Nacionalización de los Hidrocarburos que se encontraban bajo propiedad de las transnacionales gracias a las reformas neoliberales, su industrialización y la utilización del gas para el consumo interno de las familias bolivianas; y por otra, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que transforme el orden estatal e institucional con la participación directa de las organizaciones populares.

LA OCUPACIÓN NEOLIBERAL-IMPERIALISTA
La democracia que había sido conquistada por la resistencia de las luchas populares y sindicales a las dictaduras de los generales Hugo Banzer (1971-1978), Luis García Meza y Celso Torrelio (1980-1982) fue apropiada por los partidos tradicionales, especialmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se convirtieron en los representantes políticos de la nueva rosca formada por transnacionales, banqueros, terratenientes, empresarios de minas y grandes importadores y exportadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), bajo el control del imperialismo norteamericano y su Embajada, van a aplicar las recetas neoliberales con las reformas de ajuste estructural y el libre mercado, provocando la masacre blanca de los trabajadores, el aumento acelerado de la desocupación y la migración, el  empobrecimiento y marginación de millones de familias, la enajenación y privatización de los recursos naturales estratégicos y de las empresas estatales, y la exportación de la riqueza y los excedentes económicos.
Los sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB) fueron prácticamente aniquilados con la desindustrialización y el despido masivo de mineros, fabriles y otros sectores de trabajadores que pasaron a realizar actividades informales de pequeño comercio y servicios o se convirtieron en colonizadores en las zonas orientales y en las de potencial producción de la hoja de coca. Por otra parte, la salud, la educación y los servicios básicos de agua, energía, comunicaciones y otros fueron privatizados, afectando a la mayoría de la población.
El sistema político de la llamada gobernabilidad no era sino un pacto de partidos y empresarios para controlar las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en tanto que los medios de comunicación de prensa escrita y televisión y sectores de intelectuales de “izquierda” se convirtieron en los voceros ideológicos del proyecto antinacional, buscando legitimar una democracia neoliberal que además paulatinamente se convirtió en un taller de corrupción institucionalizada.

CONSECUENCIAS DEL LEVANTAMIENTO NACIONAL-POPULAR
La acumulación social y política del movimiento nacional-popular se fue convirtiendo en una fuerza organizada a través de los movimientos sociales presentes en la ‘guerra del agua’ de 2000 en Cochabamba, que impidió la privatización de la misma, en la lucha por la tierra y el territorio de 2001 y 2002, y en la ‘guerra del gas’ de 2003, y se consolidó con la formación del Pacto de Unidad constituido por las organizaciones campesinas, colonizadoras, mujeres campesinas y pueblos indígenas del oriente y occidente de Bolivia, y con la presencia de las juntas vecinales del movimiento urbano popular, y el renacimiento de la COB y los sindicatos.
Evo Morales Ayma, quien se había destacado por la defensa de la coca y la lucha antiimperialista en el Parlamento, y el Movimiento Al Socialismo (MAS), canalizaron y articularon las luchas sociales y se convirtieron en el referente político de las fuerzas populares y los movimientos sociales. Su accionar en el legislativo y en las calles y los caminos marcó la agenda de transición hasta las elecciones de diciembre de 2005.
En éstas, el MAS consiguió una votación récord del 54% de votos, posesionando a Evo Morales Ayma como presidente y a Álvaro García Linera como vicepresidente el 22 de enero de 2006, quienes desde el Gobierno avanzaron en el cumplimiento de la Agenda de Octubre. Una vez posesionado el gabinete y adoptado medidas preventivas en los altos mandos militares, se fue construyendo una democracia nacional-popular y participativa orientada por la Revolución Democrática y Cultural para fundamentar las transformaciones en el país. El contexto regional fue muy favorable, tomando en cuenta las posiciones integracionistas, latinoamericanistas y nacionalistas de los gobiernos de Chávez, en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; Castro, en Cuba; Kirchner, en Argentina y luego Mujica, en Uruguay; Correa, en Ecuador; y Ortega, en Nicaragua, desafiando las políticas hegemónicas de Estados Unidos.

NACIONALIZACIÓN DEL GAS Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La primera medida trascendental fue la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006 con la toma militar de los campos gasíferos de Petrobras, Total, de Francia; Repsol, de España; y British, de Inglaterra, con la presencia de Evo Morales, Álvaro García y el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, primero en los pozos de producción y después en los balcones del Palacio de Gobierno, donde el pueblo celebró la medida. De esta manera se recuperó la renta gasífera que permitió la solidez de la economía nacional y la redistribución social de los excedentes en los últimos 12 años.
La siguiente medida fue la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente, que desde 2006 hasta 2008 aprobó un nuevo orden político, social, económico, cultural e institucional, consolidado por un referendo popular, incorporando las demandas de octubre de 2003 y estableciendo el Estado Plurinacional de Bolivia, incluso el Gobierno tuvo que expulsar por injerencia directa al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Morales ganó luego las elecciones de 2009 con el 64% de votos y las de 2014 con el 61% de votos.
Octubre de 2003 representa, por tanto, el momento clave de la transformación de Bolivia, que pasó de una democracia neoliberal a una de liberación nacional, de una economía sometida al FMI y el BM a una economía soberana e independiente, y de una sociedad empobrecida, discriminada y excluida a una con dignidad y orgullo patriótico.