En una carta difundida este sábado, Quiroga relata a Duque que en Bolivia una resolución del Tribunal Constitucional pasó por encima de las limitaciones a mandatos establecidas en una Constitución nacional,  contraviniendo la voluntad soberana expresada en un referéndum, como fue el del 21 de febrero de 2016 cuando Bolivia dijo NO a otra reelección.

Señala que acude a Colombia porque en 2008 fue uno de los mediadores y garantes del acuerdo político que acordó el texto constitucional que precisamente limita la gestión presidencial a un máximo de dos mandatos con una reelección, a través de este artículo 168 de la Constitución Política del Estado.

Considera que a diferencia de Nicaragua, donde el 2011 bajo la misma modalidad de habilitación vía judicial, se reeligió Daniel Ortega, el exmandatario afirma que esta vez el sistema interamericano puede activar a tiempo los mecanismos que franquean las convenciones hemisféricas, para salvar la democracia boliviana y respetar la voluntad popular expresada el 21F del 2016.

Indica que para eso es necesario solicitar a la Corte de San José que emita un dictamen jurídico como el 908/2017, del 20 de marzo de 2018, de la respetada Comisión de Venecia, cuando ante una consulta de la  secretaria general de la OEA estableció, después de un análisis de la normatividad vigente en nuestra región, que la reelección NO es un derecho humano.

Advierte que no existe una instancia institucional americana que pueda detener el golpe contra nuestra Constitución y contra la votación democrática del 21F. Por eso el sistema interamericano, debe determinar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).

Manifiesta que sería contradictorio que en todos los países signatarios de la Convención Americana se respete las limitaciones constitucionales sobre la reelección, con excepción de algunos países que perversamente utilizan esta CADH como un subterfugio que habilita la reelección indefinida. El silencio del sistema interamericano terminaría siendo cómplice de esta burda y antidemocrática interpretación. 

En su carta indica que el actual gobierno boliviano, si realmente cree que la reelección perpetua es un derecho humano amparado por la CADH, debería confiar en la Corte de San José y no objetar que Colombia eleve una solicitud de opinión consultiva a la Corte sobre esta materia, lo que definirá si se respetan la voluntad popular y la constitución bolivianas, además de garantizar la aplicación homogénea y coherente de la CADH en nuestro hemisferio.