La expresidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado y el exsenador Eduardo Maldonado, ambos del movimiento al socialismo (MAS), que fueron privados de postular en las elecciones subnacionales, plantearon que el gobierno elabore una ley corta que garantice el ejercicio de los derechos políticos de los asambleístas.

“Estamos tomando la iniciativa de proponer un Proyecto de Ley corta que deba ser consensuada por el Órgano Electoral, para que se garantice que nunca más un asambleísta va a poder ser privado de ser candidato a elecciones subnacionales. Es decir, una correcta interpretación del artículo 285 de la Constitución Política del Estado”, informó Delgado.

Ayer se cumplió el plazo de 180 días que determinó el comité de derechos humanos de la ONU, para que el Estado boliviano cumpla con el dictamen que emitió en abril pasado, donde certificó la vulneración de los derechos políticos de Rebeca Delgado que fue inhabilitada como candidata a la alcaldía de Cochabamba y Eduardo Maldonado al municipio de Potosí.

Hasta el momento la Procuraduría General del Estado (PGE) no emitió ningún tipo de pronunciamiento sobre el caso, ni se contactó con los demandantes para llegar a un acuerdo entre las partes.

PROPUESTA

Este planteamiento es uno de los tres que el Estado boliviano debe cumplir dentro del dictamen que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según el protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos del organismo internacional, se debe hacer una satisfacción pública, garantiza que no se va a vulnerar derechos políticos, que deben ser difundidos en los idiomas oficiales del país demandado y el resarcimiento económico.

Delgado explicó que cuentan con una propuesta para el cumplimiento del dictamen del Comité, donde se propone la aprobación de la ley corta que permita garantizar los derechos políticos de los asambleístas que pretendan ser candidatos a cargos regionales.

Una satisfacción pública por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los tribunales departamentales de Cochabamba y Potosí, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Estas dos instancias rechazaron los recursos legales que presentaron los afectados para revertir la circular 071/2014 que emitió el TSE.

Otro de los elementos es resarcir los daños económicos que se generaron a ambos exparlamentarios, lo cual deben ser asumidos por quienes emitieron la resolución de inhabilitación.

CÁLCULO

La expresidenta de la Cámara de Diputados (2012-2013) explicó que para el pago del daño económico se debe hacer un cálculo de los sueldos que dejaron de percibir como asambleístas durante seis meses, debieron renunciar para presentar sus candidaturas regionales.

Los sueldos que no percibieron como alcaldes por más de tres años, tomando en cuenta que ambos exparlamentario lideraban las encuestas electorales sobre su candidatura. Delgado tenía el 37 % de aceptación, incluso al ser inhabilitada. Por su parte Maldonado se encontraba en el segundo lugar con el 15 %, frente al candidato del MAS que tenía la aceptación del 22% de la población en la Villa Imperial.

Entre los gastos también se deben tomar en cuenta los costos de la campaña electoral, la tramitación de la personería jurídica de los partidos políticos a los que representaban y los honorarios del equipo jurídico que los patrocinó.

REPETICIÓN

Por último, Delgado explicó que pedirán que el gobierno aplique una acción de repetición contra los siete exvocales del Órgano Electoral, dos jueces de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Además de los representantes del TCP y del TED de Cochabamba y Potosí, con la finalidad de que se hagan responsables del pago económico.