Este 12 de octubre se cumple el plazo para que el Estado boliviano de cumplimiento a la resolución del comité, pero la Procuraduría General del Estado hasta la fecha no se ha comunicado ni con Delgado ni con Maldonado que fueron víctimas de la vulneración de sus derechos políticos.

"Estamos esperando que el Estado cumpla el dictamen. Escuchamos al ministro (Héctor Arce) y al procurador General (Pablo Menacho) que cumplirán los fallos; entonces, queremos que cumplan el dictamen como restitución (que ya no será posible), la indemnización y la satisfacción pública", declaró Delgado en la ciudad de La Paz.

Maldonado dijo en su cuenta de Twitter que "Hoy vence el plazo. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que hubo vulneración de derechos políticos y negación de justicia a @RebecaDelgadoB y mi persona. La PGE ha guardado silencio lo que pone en entredicho la fe del Estado y subsiste la responsabilidad estatal".

Ambos exlegisladores esperan desde el 17 de abril que alguna autoridad se comunique, pero nadie lo hizo. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con "diligencia" para cancelar 42 millones de dólares, en el juicio que perdió el Estado.

El 24 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó su fallo desfavorable a Bolivia, en el que perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax. El Gobierno no demoró ni un mes en hacer la cancelación del millonario pago.

"Hemos visto absolutamente diligentes en el caso Quiborax que pagaron 42 millones, pero en el caso de ciudadanos que han sido víctimas de violación de sus derechos ninguna rapidez en el cumplimiento de la resolución", reprochó Delgado.

El fallo del comité dispuso que el Estado tenía 180 días para que cumpla con el mismo y estableció que difunda y lo traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia. El dictamen, aprobado por el Comité de derechos Humanos no fija una cifra, pero establece que Delgado y Maldonado deben recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada", que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".

Delgado y Maldonado fueron perjudicados por una norma ilegal aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que les impidió ser candidatos a la Alcaldía de Cochabamba y de Potosí, postulación que algunas encuestas les daban como favoritos. Ambos fueron asambleístas del MAS, pero se distanciaron de ese partido.

La exdiputada demandó un resarcimiento económico en base a los sueldos de seis meses que renunció a su condición de diputada para ser candidata, asimismo, pedirá que el Estado compense por el tiempo que hubiera ejercido el cargo de Alcaldesa, porque tenía un 37% de preferencia electoral y era "virtualmente electa".

"Estamos haciendo un cálculo de lo que me impidieron del ejercicio (político), ahí se tiene que hacer un cálculo de sueldos, aguinaldos de cinco años, después lo que se gastó en personería, campaña electoral, abogados a nivel internacional, igualas, entre otros. Todo eso se tiene que sumar", afirmó Delgado.

La exdiputada dijo que darán un plazo razonable al Gobierno, pero si no cumple la decisión del comité, será una mala señal de incumplimiento de fallos internacionales, por lo que advirtió que podría elevar un informe de queja ante el Comité de Derechos Humanos.

"O tendremos que hacer una nota la Comité de Derechos Humanos, para que se remita a la Asamblea de la ONU y que haya una censura en contra del Estado", sostuvo.