De este modo, la política no debe entenderse como el monopolio de especialistas, como el oficio privativo de una clase especial, ni tratados los pueblos con la sola superstición abstracta del “vox populi, vox dei”, manera legendaria y cínica de interpretar a los interpretados, manteniéndolos a distancia, en beneficio de los oportunistas folclóricos y para deleite de demagogos que siempre hablan a nombre del pueblo.

En realidad, los pueblos tienen que juzgar, no tienen que ser leídos ni descifrados: en esto consiste el verdadero despliegue crítico de una democracia.

A la luz del derecho a la interpelación y luego de más de siete lustros de vigencia continua del sistema democrático en Bolivia, es saludable mirarse en el espejo de la opinión pública como una actitud democrática de la democracia. Al respecto la encuesta periódica del latinobarómetro de 2017 nos dice que en Bolivia el apoyo a la democracia ha sufrido una inflexión de 12% en los últimos ocho años con menos de seis de cada diez ciudadanos que expresan su preferencia por gobiernos democráticos, mientras que a los restantes cuatro de cada diez les es indiferente el tipo de gobierno u optan por un régimen autoritario.

Se evalúa la democracia con dos indicadores. El grado percibido de democracia donde solo un 5% de los ciudadanos bolivianos dice que hay plena democracia y dos de cada diez dicen que no existe democracia. Un segundo indicador de evaluación es la escala de desarrollo democrático, donde 1 es no democrático y 10 es totalmente democrático, Bolivia habría alcanzado un modesto 5.8 en el 2017.

Solo el 35% de la ciudadanía expresa satisfacción sobre a la democracia y cerca de seis de cada diez ciudadanos consideran que en Bolivia se gobierna solo para los intereses de los allegados a los gobiernos, sumado a la identificación de la corrupción como el primer problema del país.

La satisfacción con la democracia está altamente correlacionada con la confianza en las instituciones, donde la Iglesia (no solo la católica, sino la Iglesia de cada cual) reúne el mayor grado de confianza con un 73%, le siguen las Fuerzas Armadas con 40%, el Gobierno con un 38%, el Congreso 32%, la institución electoral con 30%, el poder judicial y la policía con un 23% y finalmente los partidos políticos con tan solo un 15%, siendo la corrupción

La respuesta del escrutinio expresada en los datos anteriores es digna de preocupación, temores y miedos. Se percibe una caída espantosa de los juicios de valor que luego de la reconquista democrática marcaban la impronta política, delineaban estrategias y proyectos y depositaban esperanzas en horizontes renovados, peleaban por ellos, izaban ideales.

En cambio hoy hay un rechazo a la política en cuanto actividad humana, desconfianza de la política en cuanto actividad científica, repugnancia de la política en cuanto experiencia práctica: gobiernos, parlamento, justicia y partidos. Esto significa que nuestra cultura política está embotada y gastada; los políticos enfrentados por el desprecio público y la ciudadanía, en la ciénaga de la desorientación histórica, perdidos los horizontes y las esperanzas particularmente de las generaciones jóvenes.

El desafío está en recuperar la representatividad de la democracia representativa, desplegando la única bandera que une a todos y que a todos compromete: la moral pública.