Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado siguen esperando desde hace casi seis meses que el Estado cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ONU). Observan la diligencia con la que el Gobierno actúo en el caso Quiborax.

Este 12 de octubre se cumple el plazo para que el Estado boliviano de cumplimiento a la resolución del comité, pero la Procuraduría General del Estado hasta la fecha no se ha comunicado ni con Delgado ni con Maldonado que fueron víctimas de la vulneración de sus derechos políticos.

“Estamos esperando que el Estado cumpla el dictamen. Escuchamos al ministro (Héctor Arce) y al procurador General (Pablo Menacho) que cumplirán los fallos; entonces, queremos que cumplan el dictamen como restitución (que ya no será posible), la indemnización y la satisfacción pública”, declaró Delgado en la ciudad de La Paz.

Maldonado dijo en su cuenta de Twitter que “Hoy vence el plazo. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que hubo vulneración de derechos políticos y negación de justicia a @RebecaDelgadoB  y mi persona. La PGE ha guardado silencio lo que pone en entredicho la fe del Estado y subsiste la responsabilidad estatal”.