“El estado tenía 180 días para manifestarse para llegar a un acuerdo con nosotros, ese tiempo ya pasó, se cumple mañana (hoy) y tenemos que saber cuál es la respuesta de la Procuraduría y el Estado respecto al cumplimiento del dictamen del comité de derechos humanos”, dijo Rebeca Delgado.

El 18 de abril del año en curso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que los disidentes del MAS, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, deben recibir un pago económico porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vulneró sus derechos políticos al no permitirles postular en las elecciones subnacionales de 2015.

Por su parte, el exsenador Eduardo Maldonado indicó que el 5 de octubre se remitió una carta a la Procuraduría General del Estado, donde le señalaban que deben cumplir con la sentencia del organismo internacional. Sin embargo, no tuvieron respuesta alguna por parte de esa entidad estatal.

Este medio intentó comunicarse con el procurador general del Estado, Pablo Menacho, para conocer cuál era la situación de este proceso y conocer al acuerdo que hubiesen llegado con las víctimas, pero vanos fueron los intentos porque no se tuvo respuesta.

PROCESO

La circular 071/2014 que emitió el Órgano Electoral en diciembre del 2014 prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015, como Delgado y Maldonado, postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Además estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.

Tras recurrir a todas las instancias nacionales que les franquea la ley y al no encontrar respuesta, los exparlamentarios acuden al organismo internacional para denunciar al estado boliviano sobre la vulneración de sus derechos políticos. La demanda es aceptada a finales del 2016.

Otro de los puntos que resalta el fallo, es que establece que el Estado deba comprometerse para que no vuelva a presentarse hechos como el denunciado.

El fallo del Comité señala textualmente: Bolivia “tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto” (referido a derechos políticos), que entre otras cosas señala que todos los ciudadanos tienen derecho a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

MÁS DENUNCIAS

Información oficial de la procuraduría general del estado señala que el Estado tiene 50 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales se encuentran en distintas etapas de las siete que fija la comisión. A la vez enfrenta otras dos demandas ante el Comité de Naciones Unidas, impulsadas por los exasambleístas anteriormente señalados.

El reporte de esa institución dice que son 27 peticiones en etapa de admisibilidad, donde la comisión solicitó mayor información sobre los procesos. Otros seis casos están en etapa de solución amistosa, también hay seis casos en los que las víctimas piden un informe de fondo a la Comisión.