El dirigente del colegio musical Franklin Anaya, Fabio Canales, informó que el Alcalde se comprometió a entregar este beneficio a todos los estudiantes y a cambiar la  Ley  482/2015, que no contempla dar almuerzo a estudiantes que pasan seis horas de clase.

“Las autoridades entendieron  que el derecho a la alimentación de nuestros hijos no  se negocia”, dijo.

La solución se dio después de que se viviese la jornada más conflictiva, ayer, cuando un grupo de madres arremetió contra los policías que resguardaban la Alcaldía con cáscaras, piedras y otros objetos. El saldo fue un uniformado herido con una pedrada en la cabeza.

“Lamentamos la actitud de esas personas que incluso golpearon la ambulancia  en la que fue evacuado el oficial”, censuró el comandante  regional de la Policía de  valle bajo, Iván Luque.

El jefe policial dijo que incluso emplearon agentes químicos como aerosol para controlar la situación. Los manifestantes utilizaron botellas plásticas con arena para  golpear al uniformado.

Sin embargo, éste no fue el único hecho de violencia registrado en las movilizaciones. El martes  el camarógrafo del Concejo Municipal fue golpeado cuando intentaba filmar el cerco  de los manifestantes a la Alcaldía.

AMPARO PROLONGÓ LA SOLUCIÓN FINAL

El amparo constitucional presentado por padres de familia del colegio Franklin Anaya el miércoles retrasó el diálogo para dar solución a la demanda de ese establecimiento, expresó el alcalde suplente Zacarías Jayta.

“Con los representantes de la unidad educativa Calama y San Martín de Porres hemos firmado un convenio el miércoles”, dijo.

El compromiso de retirar ese recurso legal hizo que las negociaciones avancen. En Quillacollo más de 2.000 estudiantes de tres colegios reciben el almuerzo escolar desde primero hasta sexto de secundaria.

DESTINAN BS 4 MILLONES AL AÑO PARA DAR MIL RACIONES

La Secretaría de Educación de la Alcaldía detalló que el presupuesto para entregar  almuerzo escolar a más de 2.000 estudiantes en Quillacollo en 2018 es de 4 millones de bolivianos.

El costo de cada plato es de alrededor de 8 bolivianos. El presupuesto incluye varios ítems como  víveres, gas, transporte y pago a los chefs.

El beneficio es considerado una conquista por los padres de familia que se movilizaron durante cuatro días.

La protesta fue calificada como justa por el  presidente del Comité Cívico, Iván Herrera, quien  se sumó a la protestas y se cosió los labios.

El representante del colegio Calama, Jhon García,  puntualizó que la distribución de 1.150 raciones se normalizó desde ayer.

Se prevé que hoy suceda lo mismo en la unidad educativa Franklin Anaya y San Martín de Porres.

El recorte de más de 1.000 raciones  fue aplicado el 1 de octubre tras un análisis legal, según el alcalde suplente Zacarías Jayta.