El expresidente Carlos Mesa lanzó su candidatura con el respaldo del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que con un origen de seudo izquierdista radical, liderado por el fallecido Oscar Zamora Medinaceli, fue parte de la política en los últimos 50 años, aliado con partidos de diverso matiz tanto del centro ideológico como de la derecha. Mesa aseguró que su programa tiene la premisa de la unidad en torno a las plataformas ciudadanas e invitó a toda la oposición a sumarse al proyecto.

Surgieron líderes y dirigentes de partidos tradicionales así como de las plataformas ciudadanas y organizaciones sociales para apoyar a Mesa mientras otras esperan “negociar” su participación. Lamentablemente es fácil postular la unidad, pero difícil alcanzarla cuando ambiciones, intereses sectarios, y animosidades se levantan frente a todo intento por abrir una vía de consenso. La oposición tendrá que meditar mucho y hacer carne del significado de la renunciación.

Los partidos políticos de la oposición, así como algunas organizaciones sociales ya se inscribieron para participar en las elecciones primarias internas, aunque dicen que insisten en hacer respetar la legalidad y el referendo de febrero de 2016, que impide una nueva reelección de los actuales gobernantes. El oficialismo ya está en campaña, amparado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TCP) que habilita al presidente Evo Morales para postular a la Presidencia.

Juristas y constitucionalistas se pronunciaron para argumentar la ilegalidad de la determinación. Los argumentos son varios, y entre ellos no puede dejar de tomarse en cuenta la legalidad y legitimidad de una acción, sobre la base de los antecedentes de quienes actúan. Diferentes medios de comunicación publicaron antecedentes judiciales de los magistrados que aprobaron la sentencia Constitucional 0084/2017, que habilita a Evo Morales a ser candidato indefinidamente. En primer lugar, fueron elegidos por voto popular en las elecciones de 2011, pero ninguno de ellos superó el 6 por ciento de los votos. Juntos tienen en total 57 procesos en su contra.

Es necesario recordar que la legitimidad nace solamente de los actos basados en las normas legales. Evo Morales fue elegido por mayoría absoluta por el pueblo el año 2005, y su gobierno fue revestido de legalidad y respeto, porque se cumplió el ordenamiento jurídico. Las posteriores elecciones y la aprobación de la nueva CPE, dieron un marco legal al régimen. Pero ahora, al violentarse la Constitución Política, desgraciadamente, compromete la institucionalidad.