El 10 de octubre de 1982, Bolivia retornó a la democracia con el inicio de la presidencia de Hernán Siles Zuazo, quien no obstante tuvo que renunciar en agosto de 1985 por presiones sindicales y conflictos políticos que hicieron insostenible su gestión.

La Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales afines al gobierno de Evo Morales, agrupadas en la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), ratificaron ayer, martes, que se movilizarán en los nueve departamentos en defensa de la democracia y la reelección del Primer Mandatario. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, admitió que será una "pulseta" del MAS y de las plataformas ciudadanas que medirán sus fuerzas en las calles.

No obstante, la máxima dirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Segundina Flores, sostuvo que "las movilizaciones son para defender la democracia y no para confrontar a los bolivianos y bolivianas".

La convocatoria de los sindicalistas afines a Morales se conoció después de que diversas plataformas ciudadanas definieran hacer huelgas y marchas nacionales hoy, 10 de octubre, en defensa de la democracia y contra la reelección del Mandatario. Estos grupos reclaman que se respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar al Jefe de Estado presentarse a una nueva reelección.

Aunque aquella reforma fue rechazada, el oficialismo logró habilitar la nueva candidatura de Morales mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que falló en 2017 que las restricciones legales contra la reelección presidencial vulneraban su derecho a ser elegido y del pueblo a elegirlo.

Morales participará en la concentración de sus bases en la plaza San Francisco, por la mañana. "Se va a realizar una marcha desde la ciudad de El Alto a la plaza San Francisco donde va a estar presente el presidente Evo Morales, la concentración es por la defensa de la democracia y la recuperación de los recursos naturales", señaló Herrera mientras por la tarde se trasladará a Sucre para participar de un evento similar. La movilización de las plataformas 21F en Sucre están convocadas para el final de la tarde.

Las organizaciones de la CONALCAM prevén una presencia multitudinaria de las organizaciones sociales, según dijo el dirigente, 50.000 personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al igual que importantes concentraciones en otras ciudades.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) también llamó el lunes a movilizaciones en todo el país. Las plataformas y colectivos ciudadanos realizarán movilizaciones en defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 y del voto ciudadano, además rechazarán la anunciada repostulación de Morales en las elecciones de 2019. En La Paz, las movilizaciones terminarán en una concentración en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, algunas plataformas anunciaron que en la noche se realizará un cabildo, mientras que otras pretenden terminar la protesta frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en rechazo a la nueva Ley de Partidos.

A pedido del CONADE, el TSE acompañará y observará el cabildo en La Paz.

El activista del 21F, Ilya Fortún, dijo que la movilización de hoy será una "reivindicación democrática ciudadana orientada a llamar al respeto a la base y la esencia de la democracia, que es el voto expresado el 21 de febrero en las urnas".

Según Fortún, el 10 de octubre es una fecha "emblemática" que recuerda "la dificultad y el sacrificio conjunto de los bolivianos para recuperar, mantener y perfeccionar la democracia".

Las movilizaciones tendrán un marcado tinte político puesto que el MAS defenderá la objetada repostulación de Morales y las plataformas se manifestarán en contra. Las diferentes corrientes políticas de oposición también intentarán mostrar músculo, a escasos tres meses de las elecciones primarias y a un año de los comicios presidenciales.

Actores de DDHH evalúan el estado de la democracia en el país

Al conmemorarse 36 años de la recuperación de la democracia en el país, autoridades, activistas y especialistas en el tema opinaron sobre la situación de los derechos humanos en la última década. Hay quienes resaltan la aprobación de nuevas normas por el actual Gobierno, y quienes critican y advierten un retroceso.

Para la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, en el país tenemos una democracia "debilucha, engañosa y falsa" que no garantiza los derechos fundamentales de la población, porque en el país se ve y se siente más la injusticia.

"Creemos que tenemos justicia, que tenemos salud, educación, derechos humanos, pero la verdad es que no tenemos nada de eso. Hay inocentes en la cárcel, hay una injusticia política y social muy fuerte", expresó la activista.

Marco Loayza, especialista en derechos humanos y miembro de la Fundación Construir, señala que los años posteriores a la aprobación de la Constitución Política de 2009 "fueron halagüeños en cuanto al ejercicio de los derechos humanos", pero con el tiempo se demostró que "queda muy poco" del Estado Plurinacional diseñado en la normativa, "siendo actualmente sólo un discurso utilizado con afanes electorales".

En contraposición con lo dicho por Carvajal y Loayza, el defensor del Pueblo, David Tezanos, destacó un desarrollo sobresaliente, a partir de una Asamblea Legislativa "progresista" y un "nuevo modelo de Estado" que trató de profundizar las formas de participación, representación y decisión del pueblo. El defensor destaca principalmente el avance de la educación en el país que se encuentra "a la vanguardia de la región por el nivel de inversión" y que tiene que ver con construcción de escuelas, prevención de la deserción escolar, reducción del analfabetismo y mejora de los ingresos de los docentes".

"Hubo una progresividad encomiable, como reconoce la comunidad internacional", dijo Tezanos.

En los 12 años de gobierno del MAS se registraron varios casos emblemáticos de vulneración a los derechos humanos como el caso Caranavi, Chaparina, Olorio, Apolo, entre otros, que quedaron en la impunidad. Los casos más actuales son el conflicto de las personas con discapacidad, Achacachi y ADEPCOCA.

Carvajal se reprocha y dice que hace tiempo defendió a los que creyó que luchaban por un país mejor, los actuales gobernantes, pero se da cuenta que ahora hay gente pobre, viviendo en peores condiciones que antes.

Instó a la población a preguntarse si realmente está viviendo en democracia y no en dictadura y si está conforme con lo que está sucediendo.