Medio: El Día
Fecha de la publicación: martes 09 de octubre de 2018
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Tras cinco horas de debate, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la amnistía para los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, por los casos Quiborax y Petrocontratos, respectivamente.
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La aprobación fue gracias a los votos de los dos tercios del MAS, puesto que la oposición decidió abstenerse de votar y se declaró disidente, con el argumento de que la amnistía debería ser para todos los perseguidos políticos.
El Decreto de amnistía para Mesa y Quiroga fue firmado por el presidente Evo Morales el pasado 3 de octubre. Luego pasó a la Asamblea, que debía aprobarlo para que entre en vigencia.
El MAS sostiene que la amnistía a los exmandatarios es una muestra de unidad de Bolivia, respecto a reivindicación marítima. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que ese beneficio no implica culpabilidad de los procesados.
Los opositores aclararon que no están en contra de la amnistía a Mesa y Tuto, pero insistieron en que se debería ampliar ese beneficio a todos los perseguidos políticos.
Gabriela Montaño consideró que opositores no quieren dar amnistía a Mesa. Señaló que la disidencia de UD y PDC se debe a “graves tensiones” políticas, generadas porque la oposición no puede concretar acuerdo rumbo a las Elecciones de 2019.
También, como suele ocurrir en sesiones sobre temas delicados, hubo gritos sobre el “Bolivia dijo No” y la respuesta de los asambleístas del MAS.
Con la amnistía se cierra la posbilidad de que Mesa sea procesado e impedido de ser candidato, al menos por el caso Quiborax.
Los procesos
El caso Petrocontratos
Dicho proceso inició en 2005 a denuncia de Evo Morales, quien había acusado a cuatro expresidentes por poner en vigencia contratos con empresas petroleras, sin la autorización del Congreso.
En 2011, la Asamblea Legislativa determinó autorizar el enjuiciamiento a Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por este caso, Tuto Quiroga tiene medidas cautelares y está obligado a marcar un registro biométrico el primer día hábil de cada mes en la Fiscalía, lo cual dificultaba incluso que viaje a La Haya para la lectura del fallo el 1 de octubre.
En su defensa, Quiroga sostiene que es un perseguido político y que sus acciones con los contratos resultaron, por ejemplo, en la exploración del pozo Aquío-Incahuasi, que ahora celebra el Gobierno del MAS.
El caso Quiborax
Dicho proceso surge por la expulsión del país que decretó Carlos Mesa contra la empresa chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni.
La empresa chilena realizó un arbitraje internacional ante la CIADI, que obligó al Estado boliviano a pagar una indemnización de más de 40 millones de dólares.
La Procuraduría acusó a Mesa de haber provocado ese daño económico, por defectos legales en su decreto, e inició un juicio de responsabilidades. La Fiscalía presentó una proposición acusatoria, pero el caso se congeló en la Asamblea Legislativa, antes de que se autorice enjuiciar al exmandatario.
En su defensa, Mesa sostiene que los defectos legales de su decreto fueron subsanados posteriormente y que el daño económico en realidad se debe a una pésima defensa del Estado en el arbitraje.
