El decreto fue aprobado con los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras los legisladores de la oposición no votaron a favor, informó la Cámara de Diputados.  

Rodillo del MAS. La aprobación fue gracias a los votos de los dos tercios del MAS, puesto que la oposición decidió abstenerse de votar y se declaró disidente, con el argumento de que la amnistía debería ser para todos los perseguidos políticos.

"Al parecer hay graves tensiones en la oposición que no les permite generar acuerdos rumbo a las elecciones y (esta situación) se traduce en las razones contradictorias por las que no (apoyaron) el decreto de amnistía", dijo la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño.

Decisión del Presidente. El decreto de amnistía para Mesa y Quiroga fue firmado por el presidente Evo Morales el pasado 3 de octubre. Luego pasó a la Asamblea, que debía aprobarlo para que entre en vigencia.

El MAS sostiene que la amnistía a los exmandatarios es una muestra de unidad de Bolivia, respecto a reivindicación marítima. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que ese beneficio no implica culpabilidad de los procesados.

Los opositores aclararon que no están en contra de la amnistía a Mesa y Tuto, pero insistieron en que se debería ampliar ese beneficio a todos los perseguidos políticos. Con la amnistía se cierra la posibilidad de que Mesa sea procesado e impedido de ser candidato, al menos por el caso Quiborax.

Los casos que se extinguen. El caso Petrocontratos se inició en 2005 a denuncia de Evo Morales, quien había acusado a cuatro expresidentes por poner en vigencia contratos con empresas petroleras, sin la autorización del Congreso. Por este caso, Tuto Quiroga tiene medidas cautelares y está obligado a marcar un registro biométrico el primer día hábil de cada mes en la Fiscalía, lo cual dificultaba incluso que viaje a La Haya para la lectura del fallo el 1 de octubre.

El caso Quiborax surge por la expulsión del país que decretó Carlos Mesa contra la empresa chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni. La Procuraduría acusó a Mesa de haber provocado ese daño económico, por defectos legales en su decreto, e inició un juicio de responsabilidades.