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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 10 de octubre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Democracia paritaria
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Juan René Castellón Quisbert / Edición Impresa
Las mujeres del país plantean acelerar los procesos judiciales de acoso por razón de género, pues actualmente existen 71 denuncias, pero sólo cinco querellas, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales.
Ésa es una de las propuestas que figurará en la agenda de demandas que será entregada el 11 de octubre, en Cochabamba, al presidente Evo Morales, con motivo de celebrarse el Día de la Mujer Boliviana.
Para ese fin, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias-Bartolina Sisa organizó eventos en los nueve departamentos con la participación de organizaciones sociales, instituciones y autoridades.
Ayer, la secretaria ejecutiva de esa organización, Segundina Flores, lanzó la invitación pública en la Asamblea Legislativa, acompañada de representantes de varios grupos y diputadas. Dijo que la reunión contará con la participación del presidente Evo Morales, quien recibirá la Agenda de Despatriarcalización elaborada en las nueve regiones del país.
Una de ellas es el protocolo de violencia y acoso político, que busca que las demandas de este tipo sean tratadas de manera expedita, como actualmente sucede con los casos de trata y tráfico, señaló la Viceministra de Igualdad de Oportunidades.
Dijo que la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) tiene registradas 71 denuncias, pero sólo cinco de ellas llegaron al Ministerio Público.
“Tenemos que tener un protocolo para que los fiscales admitan la demanda, porque usualmente la rechazan. Además, las denunciantes no hacen seguimiento”, argumentó.
Otra de las sugerencias diseñadas en los cónclaves es que se visibilice el aporte de las féminas realizado en el trabajo doméstico. La diputada Sonia Brito, una de las impulsoras de la iniciativa, dijo que son ellas las que coadyuvan en la reproducción de la sociedad, pero que su esfuerzo no se contabiliza en las cuentas nacionales, registro que se solicitará al Jefe de Estado.
También se demandó que las víctimas de violencia y que tengan hijos accedan a una vivienda gratuita y a un trabajo, que se aumente el número de fiscales, entre otros.