A 36 años de la recuperación de la democracia, defensores de los Derechos Humanos, la naturaleza y el medioambiente, coinciden que en los últimos años, y paradójicamente en el gobierno de Evo Morales, se erosionó la democracia.

Esto se reflejó en la reducción de espacios cívicos, asfixia económica a organizaciones de la sociedad civil y la penetración a territorios indígenas sin consentimiento.

“Hay una situación especial; hace unos años claramente se ha dado una reducción del espacio cívico, que es uno de los mayores indicadores de la vitalidad democrática, que la sociedad sea capaz de participar en las decisiones que más le afectan a su vida, y lo que más nos afecta son las decisiones que tienen que ver con el uso de nuestros recursos”, afirma Marco Antonio Gandarillas, investigador del Cedib.

A criterio del sociólogo, medioambiente es algo así como “una mala palabra” para las autoridades gubernamentales, que han descalificado a quienes han observado megaproyectos o actividades extractivistas con grandes impactos socioambientales, como si se tratara de oposición al desarrollo.

Una de las grandes paradojas, según Gandarillas, es que un Gobierno que fue tildado como oenegistas, porque varios ministros fueron miembros prominentes de ONG, hoy en día descalifique el trabajo de defensa de los Derechos Humanos.

“Nuestro Estado es un Estado con pretensiones totalitarias; pretende ser representante de toda la sociedad civil y es ajeno a la crítica, a las voces disidentes y al libre pensamiento (…). Trata de controlarla y su estrategia respecto a los defensores de los DDHH, fue las tomas físicas de sus sedes, la invalidación de su estatus legal a través de la Ley 351 que obliga a las ONG alinearse a las políticas de este Gobierno que es totalmente extractivista”, señala.

La líder indígena Ruth Alipaz Cuqui, a nombre de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni Tuichi y Quiquibey, denunció ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, el incumplimiento del Gobierno al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución, al no convocar a consultas previas antes de ejecutar megaobras o actividades extractivas en territorios indígenas.

“El Gobierno dice que antes nadie se ocupaba de nosotros, pero a través de nuestras luchas hemos reivindicado nuestros derechos, y estos gobiernos que se decían de la derecha son los que han reconocido nuestros territorios como derecho de los pueblos indígenas, lo cual ahora está siendo muy violado, avasallado”, afirma a ANF.

Alipaz Cuqui, quien no oculta su orgullo por haber sido la primera mujer de su comunidad San José de Uchupiamonas en concluir sus estudios de colegio lejos del calor de su familia y después la universidad, considera que los derechos humanos están fuertemente vinculados a la democracia.

“Los defensores de derechos principalmente en los territorios estamos siendo criminalizados, y como mujer ni qué se diga, creo que hemos enfrentado todo tipo de violencia, no solo a nivel de desarrollo como mujeres, sino también, en el momento en que queremos emprender algo como mujeres, autónomamente e independientemente también somos violentadas”, asegura.

En análisis de la dirigente, hubo bastante avance normativo en relación a los derechos de los pueblos indígenas en el país, pero sólo en papel, pues en la práctica se violan los derechos a la consulta previa, al consentimiento, en los territorios indígenas donde hay mujeres, niños y personas con discapacidad.

“Hay mecanismos como la ONU que quizás no sean perfectos, pero tomamos esos espacios, y eso ha ocasionado la respuesta del Gobierno donde me niega la identidad de indígena, me niega el hecho que pueda tener una actividad económica, tachándome como empresaria, o que me pagó una ONG para viajar. No es un delito, más cuando es para defender de manera férrea la vida”, señala.

Para Álex Villca, vocero de la Coordinadora de Defensa de la Amazonía y líder de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, la vida en San José de Uchupiamonas se tornó más complicada desde que hizo conocer su voz de rechazo a las megahidroeléctricas en la Amazonía, y en respuesta el Gobierno optó por dividir a la comunidad.

“Estamos entrando al límite de que quienes estamos defendiendo tierras y territorios incluso somos amenazados de ser expulsados de nuestras tierras, incluso por nuestros propios hermanos indígenas, acusados de no querer el desarrollo (…). Utilizan a nuestros propios hermanos de ser desconocidos a ser parte de una nación”, afirma el también indígena emprendedor del ecoturismo.

Villca cree que Bolivia vive un escenario de “democracia camuflada”, que agoniza, y en ese contexto dice que el ser defensores de la Madre Tierra, defensores de la naturaleza y de los pueblos indígenas es bastante peligroso.