La Comisión Mixta de Constitución aprobó la mañana de este lunes, el Decreto Presidencial que será remitido al presidente nato de la Asamblea Legislativa para que sea considerado en la sesión de este martes, después de la designación del nuevo Fiscal General del Estado.

"Esa es una libertad que ellos (los expresidentes) tienen, para tener o ser poseedor de la amnistía y utilizar la amnistía como un argumento, tienen que hacer la solicitud", declaró el presidente de la comisión, Ciro Zabala.

Así dispone el artículo 3 referido al trámite: "la solicitud de concesión de Amnistía por parte de los expresidentes constitucionales identificados en el artículo 2 deberá ser presentada ante la respectiva autoridad competente, adjuntando cédula de identidad, pasaporte o libreta del servicio militar", según el decreto.

Además, serán las autoridades jurisdiccionales las que tengan la potestad de resolver la procedencia o no mediante una resolución, se establece en parágrafo II del artículo 3.

"La autoridad competente resolverá sobre la procedencia de la solicitud, mediante Resolución de Concesión de Amnistía en un plazo de tres días hábiles computable a partir de la recepción".

El documento enviado por el Ejecutivo no ameritó ninguna modificación. Contiene cinco artículos, con relación al objeto señala que la amnistía es "por razones de interés nacional" a los expresidentes Mesa y Quiroga que apoyan y asesoran en la política internacional vinculada al tema marítimo.

En el artículo 2, describe que la medida está dirigida a Mesa en el caso Quiborax, el que fue iniciado por el Requerimiento Acusatorio de la Procuraduría General del Estado el 9 de julio de 2018.

Y también a Quiroga en el Juicio de Responsabilidades del Ministerio Público contra Gonzalo Sánchez de Lozada y otros en el caso Petrocontratos.

Mañana (hoy) en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional la bancada mayoritaria aprobará la disposición.

RECHAZO

DE LA OPOSICIÓN

El senador Arturo Murillo, rechazó el Decreto Presidencial de Amnistía 3682, mediante una nota escrita dirigida a la comisión. Aseguró que una medida de esta naturaleza no puede ser utilizada solo con fines electorales y planteó que la misma beneficie a todos los "perseguidos políticos".

"Primero, que el presidente Morales con este decreto acepta que existe persecución política en Bolivia; y segundo, no podemos darle amnistía a gente que está involucrada en el caso Quiborax, me refiero a la gente del Gobierno", sostuvo el legislador de oposición.

Dijo que no es admisible que estos servidores públicos que han prestado computadoras, han filtrado información del caso Quiborax y que se han reunido con el abogado "que nos ha revolcado en La Haya", ahora se beneficien prácticamente con esta disposición presidencial.

Murillo insistió en la necesidad de una "amnistía irrestricta", sin que se tomen en cuenta a los que están vinculados a delitos de lesa humanidad.