“La Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa definió aprobar este decreto que presentó el presidente evo morales y perdonar a los expresidentes por los procesos que enfrentan en la justicia boliviana”, dijo el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Ciro Zabala.

El 27 de septiembre pasado el presidente Evo Morales anunció que decidió conceder amnistía a sus antecesores para que puedan afrontar “las nuevas actividades” de “defensa y negociación de nuestro derecho marítimo” en escenario post La Haya.

Tras conocer esta resolución, el expresidente Carlos Mesa reiteró que no corresponde una amnistía en su caso, ya que no existe ningún juicio abierto en su contra, aunque dijo que esperará a conocer el decreto en su integridad para referirse nuevamente a este asunto.

“Entiendo que (la amnistía) se da cuando hay comprobación de un delito”, afirmó el ahora candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

DISIDENCIA

Para el diputado opositor Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata, el beneficio otorgado a los expresidentes tiene en el fondo el objetivo de encubrir los supuestos ilícitos en la defensa del estado del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y del procurador General del Estado, Pablo Menacho, por el caso Quiborax.

Explicó que votaron en “disidencia” debido a que el bloque opositor demandó una amnistía general para “todos los perseguidos” del gobierno de Morales, un pedido que no fue atendido.

El senador de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, también objetó este decreto, ya que pidió que la amnistía beneficie a otros perseguidos por el gobierno de Evo Morales, que están en el país y los que tuvieron que pedir asilo político en el exterior.

“Este beneficio no solo puede ser coyuntural, de interés personal o electoral, sino debe abrirse para todos los perseguidos políticos que fueron víctimas de estas irregularidades”, señaló el legislador.