El anuncio del Jefe de Estado sobre su intención de amnistiar a dos expresidentes, pocas horas antes de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia, demuestra cuánto se había arraigado en el grupo palaciego de Morales Ayma la idea de que una sentencia favorable garantizaba la reelección en 2019. Amnistiar al oponente electoral más serio que tiene al frente expresaba una confianza tan aplastante que equivalía a una invitación a que el rival se retire oportunamente, o a una exhibición de magnanimidad que terminaría siendo una efectiva arma para derrotarlo.

Pero, en una nueva demostración de que la política es la mayor parte del tiempo el reino de la mezquindad, después de conocerse que el Tribunal Internacional revocaba la supuesta ruta de retorno al Pacífico mediante un diálogo impuesto, el MAS revela que la generosidad de su parte sólo puede ser simulada, como lo desnuda el decreto de amnistía enviado al Legislativo para su tratamiento este martes 10.

El artículo tercero de esa disposición determina que la amnistía, ya concedida, debe solicitarse “por parte de los expresidentes (...) ante la respectiva autoridad, adjuntando cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar”. Un día después, el MAS ha decidido acarrear gente para tratar de opacar, o inclusive atacar, a las manifestaciones por la Constitución y el respeto a la soberanía popular.

Esto significa que no habrá amnistía porque Mesa Gisbert ha expresado que amnistiarlo antes de enjuiciarlo equivale a aceptar la vigencia del principio de presunción de culpabilidad, por lo que, obviamente, no realizará el trámite que le impone el decreto.

De esa manera, el MAS vuelve a empuñar el garrote que le permitiría bloquear la candidatura de su rival, en caso de que ésta consolide una posición que ponga en riesgo efectivo la reelección.

Pero, ¿será posible, acaso, que el MAS incumpla su promesa de no enjuiciar a Mesa, sino hasta después de las elecciones nacionales? Si alguien lo duda basta acordarse de que Morales Ayma y su vice se comprometieron a irse si perdían, así fuese por un voto, en el referendo sobre la reelección. La revocación de la amnistía es una muestra adicional de la frustración oficialista ante el contratiempo de sus planes de permanecer en el nuevo palacio, mediante el supuesto seguro salvoconducto que concedería una sentencia favorable de La Haya.

Pero esa su teoría era esencialmente errónea porque el indudable estallido de entusiasmo que hubiese ocasionado de inmediato un fallo favorable se convertiría en los meses siguientes en una presión de expectativas insatisfechas, que se sumarían a todas las demás, originadas en los múltiples atropellos a la Constitución, al programa con que se eligió en 2006 y a la interminable cola de denuncias, y evidencias de corrupción del régimen.

Las verdaderas posibilidades de que la reelección se imponga nunca dependieron ni dependen de un juicio internacional, ni ante La Haya ni ante la CIDH, sino de que la movilización por el respeto a la Constitución y la soberanía popular, y para impedir la anotación de la candidatura del MAS por parte del TSE no alcance una masa crítica.

Tiene similares consecuencias que la oferta electoral alternativa se restrinja a proponer una "recuperación democrática”, que carezca de una propuesta de transformación integral de nuestro país, con base a la ruta diseñada por el proceso constituyente, abierto en 1990 con la primera marcha indígena y clausurado después de la aprobación de la CPE, por la ruta de defecciones elegida por el MAS.

Si la movilización social no obliga al régimen a descartar su actual proyecto de reelección, éste buscará imponerlo, inclusive inhabilitando la candidatura que pueda retarlo. También está claro que su deseo y necesidad de retener el poder es tan grande que si resulta derrotado no descansará tratando de revocar a quien le gane.

Con lo que no están contando los estrategas oficiales es que el mismo destino les aguarda, tanto si ganan las elecciones, acumulando nuevas trampas, como simplemente si lo hacen con su inconstitucional binomio y su programa (Agenda 2025) de devastación de la naturaleza, endeudamiento y de dependencia económica y política.

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo