Nada tiene que ver una buena o mala gestión con la decisión del Gobierno de cobrarse por anticipado las contrapartes para proyectos con un avance relativo, cuyo pago ya estaba garantizado por otros créditos. Esa decisión tampoco puede enmarcarse dentro de una decisión ordinaria de gestión que propone el Ministerio de Economía y respalda la Asamblea Plurinacional. Esa decisión es una violación a la Autonomía que, si no puede ser revertida por el inmenso poder que el MAS conserva en la Asamblea Plurinacional, gracias a las torpezas de la oposición, al menos debe ser puesta en evidencia y denunciada.

Bolivia se “refundó” constitucionalmente en 2009 bajo la decisión de ser un Estado Plurinacional y Autonómico. Una suerte de síntesis que el Gobierno aceptó a regañadientes y que, en cuanto ha tenido la oportunidad, ha vulnerado. La autonomía ya era descafeinada en la Constitución y acabó convirtiéndose en una trampa con la Ley Marco de Autonomías.

El Gobierno, justifican quienes soportaron ideológicamente aquel proceso, desconfiaba de las verdaderas intenciones de los autonomistas, en cuyas filas, es verdad, se escondían también militantes del separatismo y la escisión, junto con un cóctel de racismo y egoísmo.
Ha pasado una década desde entonces: El país autonomista no se ha dividido, más al contrario, los grandes grupos y poderes económicos que lo incitaban han tendido puentes con el oficialismo en el terreno más práctico de todos – el de los negocios – fortaleciendo la integración. La otra mitad del país no quiere ni oír hablar del tema y nadie mueve un dedo por sus Estatutos. Sin embargo, el tema sigue siendo sensible a nivel ciudadanía.

El procedimiento utilizado para anticiparse el cobro de los recursos contemplados en el FNDR puede develar algunas urgencias económicas en el nivel central del Estado, pero esencialmente es algo que no se debería hacer y que solo se entiende en las lógicas victimistas de aquellos que “padecen” la autonomía por su incapacidad manifiesta de gestión. En la Autonomía Regional del Chaco, que llevan unas semanas reclamando por un mínimo importe de IDH y pidiendo el acceso directo a créditos, nadie ha alzado la voz contra esta decisión, y los alcaldes, que llevan meses reclamando un pedazo de la torta de los recursos departamentales por el simple hecho de gritar mucho en la plaza, ni son capaces de pedir un nuevo Pacto Fiscal nacional que les garantice sus competencias – como procede por ley y Constitución – y ni siquiera se inmutan cuando la torta acaba recortada por el efecto del centralismo. Tampoco aclaran si esa decisión debería restarse de su 8%.

Con el calendario electoral acelerado, la gestión prácticamente ya ha pasado a la historia. Lo hecho, hecho está. El resto se debatirá en términos políticos y sin duda que la autonomía, sus carencias y limitaciones, sus fraudes y sus desencantos, deben formar parte esencial del debate.