El fallo de la CIJ en La Haya, no sólo que sacudió la conciencia ciudadana del país, sino que por su efecto está estremeciendo también otras estructuras de la administración pública y de los organismos llamados a precautelar el cumplimiento de las normas que dan vigencia a la democracia. Se alteran ciertos valores ligados, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y por lo que allí ocurra se extendería a otras instituciones como la Asamblea Legislativa y con efecto de rebote en el partido gobernante y los que están en conformación.

Es que, a raíz de la renuncia del vicepresidente del TSE, se han destapado algunas debilidades en el funcionamiento de ese organismo, por ejemplo, el hecho de que no hay vocales suplentes, ni siquiera uno que pueda reemplazar al renunciante, todos dejaron sus cargos en tiempos anteriores y no se dieron explicaciones sobre tales ausencias, posiblemente justificadas personalmente.

Sin embargo, en el caso del vocal José Luis Exeni, la cosa es diferente pues se trataba de un elemento que le daba cierta seguridad organizativa a la entidad que regula los procesos electorales en el país, encuadrando sus decisiones en el marco de la democracia vigente y el respeto a los derechos ciudadanos.

Según los vocales que quedan en el TSE, tras la renuncia de su vicepresidente, "no hay problema", pues harán quórum entre los seis que se mantienen y por tanto no se requiere de un reemplazante. Sin embargo, cuando se observa con el lente de la imparcialidad y la legalidad de asumir decisiones correctas, hace falta alguien que defina por ejemplo la validez imparcial de aplicar ciertas medidas como reglamentos, instructivos y otros relacionados a las elecciones primarias, sólo como el ejemplo que da en el clavo del problema.

Según varios análisis del problema en el TSE, se coincide en la existencia de algunas desavenencias, posible algunas hayan influido en complicar la salud del vocal renunciante, pero es evidente que incluso la presidenta de la institución mostró su desacuerdo con parte de la reglamentación referida a la elección y reconocimiento de los binomios, y que la impugnación de binomios solo sería admitida a electores registrados en un partido, por lo mismo sin derecho a impugnar a candidatos de otros partidos, una flagrante incongruencia con los derechos ciudadanos.

Esos y otros detalles parecen sumarse a la crisis que así no quieran reconocerla, está afectando al órgano electoral del país, justamente cuando el tiempo corre y los plazos se acortan para los dirigentes de partidos deseosos de presentar candidatos electorales, así sea en la instancia innovadora de los binomios que entre otras cosas, deberán ser también sometidos a procesos de selección interna en cada organización política, incluyendo el partido oficial.

Hay algunas hipótesis sobre lo que pueda ocurrir en el tiempo inmediato en el cumplimiento del calendario electoral, la vigencia legal del TSE, el problema de resoluciones que deban dictarse y aplicarse, respetando sobre todo la independencia de poderes, especialmente la imparcialidad del órgano electoral del que depende de manera directa la validez y limpieza de todo proceso electoral.

Como colofón de esa serie de dudas y problemas en el TSE, el vocal de ese organismo con mayor influencia después de la presidenta, declaró que "las elecciones primarias en Bolivia se precipitaron demasiado", añadiendo un argumento más a la crisis institucional de un organismo que no sabemos cómo culminará su labor, en medio de fricciones y elecciones.