Hasta donde se sabe, el proceso de selección de candidatas y candidatos para estas elecciones judiciales no estuvo exento de polémica; comenzando por el hecho de que la elección tuvo que retrasarse debido a problemas en la fase de registro de postulantes. Sin embargo, contó con la activa participación de asambleístas de las fuerzas políticas de oposición y de universidades nacionales, hasta que, al terminar el proceso, decidieron apartarse denunciando un supuesto intento del oficialismo de apropiarse de todas las candidaturas.

De ahí en adelante, los esfuerzos del Órgano Electoral por promover el voto informado y dar a conocer a todas y todos los candidatos en igualdad de condiciones enfrentaron una intensa campaña en favor del voto nulo, opción que tiene menos que ver con la opinión que merece el sistema de justicia boliviano que con el deseo de convertir el resultado en un mensaje para los gobernantes.

En medio de este estado de cosas, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en favor de la repostulación indefinida de las autoridades electas fue como echar gasolina al fuego entre los descontentos, quienes se movilizaron los últimos días en varios puntos del país afirmando que el dictamen, además de forzar la interpretación de los derechos políticos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido también como Pacto de San José), desconoce el resultado del referéndum de febrero de 2016. Lo cual significa, por un lado, que la votación legitima a juzgadores parcializados y, por el otro, que cualquier resultado electoral podría ser desconocido en lo sucesivo.

Bolivia está, pues, ante una elección difícil. El electorado está dividido entre quienes consideran que elegir a conciencia magistradas y magistrados es el camino para aspirar a la tan demorada renovación de la Justicia boliviana, y quienes han perdido las esperanzas y creen que un voto testimonial en contra del Gobierno brindará mejores réditos. El resultado de la votación de hoy traerá sorpresas.